La imagen no podía ser más abominable, competía con el disgusto que producía el discurso infame, autoritario y prepotente del alcalde del municipio Sucre, en el estado Yaracuy, Luis Adrián Duque. El flamante regidor municipal, cuya acción hizo explotar a las redes sociales, marcó las casas de los vecinos de su municipio donde supuestamente se habían reportado enfermos de COVID. Duque fue inmediatamente comparado en su conducta con los nazis y la persecución de los judíos, una comparación exagerada porque la acción de los nazis fue sistemática y de exterminio deliberado y no puede bajo ningún respecto ser mediatizada. Más al punto, es que la actuación de Duque se inscribe en un patrón de irrespeto por las leyes y por la persona humana que se ha hecho característico de la gestión de gobierno chavista-madurista.
Tanto se excedió el alcalde del PSUV, que el Ministerio Público abrió una “investigación penal al alcalde Luis Adrián Duque de Yaracuy, quien de manera unilateral y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia: marcó macabramente las casas de pacientes que sufren COVID-19”, indicó el fiscal general Tarek William Saab en Twitter. La saga “macabra” del alcalde no terminó allí, Duque pidió disculpas públicas y Julio León Heredia, gobernador de Yaracuy, publicó el video del alcalde en una historia de su cuenta social de Instagram y escribió: “Solo los hombres y mujeres de honor, rectos, humildes y comprometidos con el pueblo y la revolución son capaces de asumir las 3R de Chávez. Mi respeto y admiración camarada Luis Duque” (Runrunes). Las 3R de Chávez, para quienes ignoran su significado en la cosmogonía chavista son: Revisión, Rectificación y Reimpulso (Aporrea). Alguna gente malintencionada me ha señalado que en otra lectura de las 3R, quizás mucho más apropiada a la realidad nacional es: Robo, Represión, y Retroceso. Pero estas son interpretaciones libres del tema donde cada cual puede ejercitar su imaginación en medio del desastre de nuestra adolorida Venezuela.
El caso del alcalde Duque no es tan singular como la acción de Tarek William Saab pretende hacerlo aparecer. Un trato similar al de las marcas infames en las casas de los afectados por COVID se le dio a miles de venezolanos que intentaron regresar por la frontera colombiana a su país y se encontraron con que fueron recibidos como “armas biológicas”, agentes terroristas del gobierno colombiano para infiltrar a Venezuela con COVID. Si no fueran trágicas, especialmente en el contexto actual de indefensión de la nación frente al ataque de la pandemia, resultarían risibles las declaraciones de importantes personeros del régimen (Cinco 8). Pero ahí están las declaraciones y los actos en toda su brutalidad y descaro abismal de quienes deberían proteger al pueblo venezolano y que se comportan como sus perseguidores, pretendiendo poner un estigma sobre los enfermos de COVID. Una conducta que emula los peores actos de persecución en los tiempos de la peste negra de la Europa medieval. Sobre lo que deberíamos haber aprendido desde esos tiempos hasta ahora, acaba de aparecer un instructivo artículo en El País (El País).
Pero conjuntamente con las acciones de barbarie medieval, el régimen pretende avanzar su estrategia de control social y político. En los últimos tiempos se han acelerado los embates del gobierno de facto y sus pilares institucionales controlados, el TSJ y la AN ilegítimos, o los milicianos del PSUV, contra lo que queda de libertad en Venezuela. Por un lado está el caso extremadamente serio de la sentencia del TSJ contra El Nacional. La intención del régimen de silenciar a este medio irreductible y resiliente, que ha sorteado todas las dificultades imaginables para seguir trayendo periodismo veraz en un medio de comunicación de altura, no puede ser más explícita. La reacción del presidente editor de El Nacional (Miguel Henrique Otero) y de muchas organizaciones nacionales e internacionales ha sido muy clara, pero la amenaza es importante. De igual gravedad es la pretensión del régimen de criminalizar la acción de importantes organizaciones de la sociedad civil utilizando para ello un mecanismo violatorio de la Constitución. En palabras de las ONG que están promoviendo un importante documento (ONG): “Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento manifestamos nuestro categórico y definitivo rechazo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
La ausencia de una reacción coordinada del liderazgo político venezolano, que debería tener la responsabilidad ineludible de articular una respuesta estratégica y unificada al desafío que constituye revertir el proceso de disolución nacional al que el chavismo ha conducido a Venezuela, ha estimulado una suerte de reacción concertada de la sociedad civil en diferentes espacios. Ello ha estado acompañado de importantes iniciativas que apuntan a definir una alianza unitaria que incluya a los partidos políticos. Todavía es muy temprano para decir cuál será la suerte de estas iniciativas, promovidas tanto desde la diáspora como en Venezuela, pero por lo pronto las mismas hacen recordar una obra magistral de Lope de Vega, el así llamado Fénix de los Ingenios, una expresión aparentemente creada por su contemporáneo Miguel de Cervantes, para referirse a la acción del colectivo contra la injusticia y la tiranía. En diálogo inolvidable entre el juez y sus interrogados en su obra Fuenteovejuna, a propósito de la muerte del representante de la injusticia, el Comendador, a manos del pueblo que decidió tomarse la justicia por su propia mano, y que aún enfrentado a la tortura se resiste a la delación y a la traición:
– “¿Quién mató al Comendador?
– Fuenteovejuna, Señor.
– ¿Quién es Fuenteovejuna?
– Todo el pueblo, a una«.
Sin pretender utilizar la imagen de la obra de Lope de Vega para incitar ningún ejercicio de justicia popular no constitucional, en la cual no creo, quizás es tiempo de que comencemos a manejar la desobediencia civil al gobierno de facto como en Fuenteovejuna, cuidándonos entre todos y actuando todos en concierto. Ello parece indispensable para transformar la voz de un pueblo que rechaza al régimen en actos constitucionales que apunten realmente a restablecer la vigencia de la Constitución y a revertir la disolución de la nación.