En lo que pareció otro intento desesperado por frenar la investigación de la Corte Penal Internacional, el régimen de Nicolás Maduro insistió en que nunca se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que todo se reduce a un “puñado de incidentes” de exceso por parte de agentes del Estado, que por lo demás habrían sido provocados por “la magnitud e intensidad de las acciones de violencia”.
En una intervención después de dos días de audiencias en La Haya, el canciller Yván Gil rechazó el miércoles 8 de noviembre las supuestas pretensiones de “actores internos y externos” de construir lo que llamó acusaciones infundadas contra “objetivos determinados”.
Pero el Informe 2022/23 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo recuerda que la Misión de Determinación de los Hechos identificó a un grupo de personas de organismos de inteligencia que habían llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos, “así como a una cadena de mando que las vinculaba directamente con Nicolás Maduro y pidió que se las investigara por crímenes de lesa humanidad”.
En septiembre de 2022 la misión informó que las estructuras de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) “se mantenían, y que los patrones de violaciones de derechos humanos dentro de esos organismos que ya habían sido documentados -como la tortura y otros malos tratos- persistían”.
Para el régimen de Maduro, no obstante, se trataría de solo “casos de violaciones de derechos humanos que son interés” de la CPI y su fiscal Karim Khan. Y se limitarían hasta ahora, según el canciller Gil, a más de 255 agentes del Estado imputados, 64 acusados y 62 condenados.
Tal vez eso explique por qué la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó en junio al fiscal Khan a retomar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “períodos de inactividad inexplicables”.
Las víctimas solicitaron en La Haya que el fiscal Karim Khan reanude la investigación de “los terribles crímenes que sufrieron”. Y la urgencia por hacer justicia pareció reflejada en las palabras de la abogada Paolina Massidda, que las representó: “Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”.
Hay buenas razones para creer que el fiscal Khan reanudará la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En abril de 2022, el especialista en derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos se negó a aplazarla. Miraflores se hundió entonces en la perplejidad y repite sin cesar que tales delitos “nunca han ocurrido” en el país, algo probablemente inútil para frenar a la CPI.