Un ultimátum para la democracia. En el ajedrez geopolítico, las jugadas maestras -casi siempre- involucran sutilezas que desafían el anhelo ciudadano. Desde la interferencia electoral hasta la maniobra económica. Sin embargo, lo más insidioso es el hurto planeado con premeditación y alevosía a la disposición ciudadana que decidió cambiar, vulnerando el derecho constitucional de elegir y ser elegido; cuando las instituciones, actores y poderes influyen con providencias viciadas de justicia, socavando autonomía y capacidad de autodeterminación.
Fraude o estafa electoral se refiere al derecho de gobernarse sin obstrucción e implica que los arbitrajes políticos y sociales son de autoridad ciudadana, practicada a través del sufragio, de acuerdo con sus principios y valores. No a la conveniencia de grupos, o regímenes autocráticos..
La sustracción de la voluntad ciudadana tiene impacto en la sociedad cada vez más retada. La influencia es antiética y se revela desde la presión jurídica, económica y política hasta la comunicación embaucadora. Un ejemplo de intromisión abusiva e ilegal por parte de agrupaciones y coristas, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, que, a través de maniobras, difusiones aparentes y financiación de campañas, tuercen la balanza de los resultados. Amenazada por prácticas desleales e imposición de sanciones. Tal proceder subvierte el sistema de libertad y democrático, deteriorando la legitimidad del proceso y, por ende, la de los elegidos.
No pocos sufren al explicar que, negarse a traicionar el mandato popular es un llamado de inhibición y renuncia. El voto es un derecho que se puede o no ejercer, y quien decide no hacerlo nunca debe ser estigmatizado. La abstención es un dato estadístico en las elecciones que reverencian la integridad electoral, sin impedimentos tramposos ni violar el derecho a elegir y ser elegido. Y, cuando resulta lo contrario, el retraimiento es el derecho de negarse a convalidar o ser cómplice de la simulación electoral fraudulenta.
El intento de influir en la opinión pública ha sido de constante preocupación. Ya sea a través de la desinformación, presiones indebidas, amenaza, chantaje, acciones encubiertas o violaciones de los derechos humanos. La ciudadanía digna es objeto de conspiraciones que detonan frustraciones a su esperanza de cambio y progreso, por aquellos que, sin recato ni miramientos, obligan su permanencia indefinida.
Robar voluntades ofende el gentilicio, agravia la ciudadanía y es una conminación para la libertad y los derechos ciudadanos. En una democracia genuina, auténtica, el mandato del pueblo es sagrado. Y, cuando se quebranta o distorsiona, carcome el principio mismo de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Elecciones íntegras son la piedra angular de cualquier democracia robusta y saludable. Sin embargo, cuando se intervienen para inclinar el resultado, escamotean el indiscutible designio ciudadano, reemplazando la elección legítima por una impuesta y adulterada que se burla de la población. Es antidemocrático y tiene consecuencias impredecibles.
El reto es ampararse contra la intromisión, fortaleciendo las instituciones democráticas, exigiendo nitidez, rendición de cuentas, fomentando la resiliencia y el arraigo frente al acecho autoritario. La cooperación internacional importa para establecer normas y mecanismos que disuadan la injerencia indebida. Los convenios multilaterales, alianzas regionales y un marco legal apropiado desempeñan un papel decisivo, proporcionando un denominador común que condene la conducta transgresora y contravención de los derechos.
Robarse la voluntad de una nación es un ataque a los valores y principios esenciales del sistema democrático. Al defender el señorío del sufragio, resistiendo la exigencia arbitraria, protegemos los haberes libertarios y amparamos los valores universales de libertad, justicia y dignidad.
Cuando la sustitución es obligada e involuntaria, no hay garantía de futuro justo y equitativo; por el contrario, se entrega la voluntad de un pueblo que ambiciona diferente, se roba la esperanza y el anhelo ciudadano de estar inhabilitado para ejercer su parecer. La trampa a la voluntad es la más grave amenaza para la libertad y la democracia. Solo a través del respeto de conciencia basado en la identidad se garantiza la justicia imparcial.
@ArmandoMartini