Su situación es cada vez más insostenible. Según un demoledor informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su etapa al frente del gobierno de Baleares, adjudicó los contratos a la trama Koldo de manera «pre-concedida», algo que no está permitido ni siquiera en la tramitación de emergencia. Recogido en el sumario de la investigación judicial, el informe concluye que la adjudicación de las mascarillas por valor de 3,7 millones de euros se produjo antes de formalizar ningún contrato. Pero además, otras informaciones revelan que Armengol avaló estas mascarillas pese a saber que eran defectuosas. En un certificado emitido por el gobierno insular en agosto de 2020 se aseguraba que la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, las había suministrado «de modo satisfactorio». Sin embargo, el Ejecutivo autonómico sabía desde meses antes que este material era inservible, e incluso ordenó su retirada. El escándalo es mayúsculo, pues el Servicio de Salud balear ordenó su almacenamiento hasta nueva orden. Para colmo las investigaciones apuntan que Francina Armengol adquirió las mascarillas con fondos europeos.
El gobierno de las Islas Baleares, presidido por Armengol, certificó la calidad de las mascarillas tras detectar en un análisis que eran inútiles, y tras pagar 3,7 millones de euros, se mandaron a un almacén, dónde siguen en la actualidad. El análisis de laboratorio aseguraba que el material «era de baja calidad» y no podía ser distribuido en los centros hospitalarios para los que se había comprado. De este modo, la presidenta de Baleares avaló las mascarillas a sabiendas de que eran inservibles y facilitó la facturación de la empresa implicada en la trama Koldo. Para el actual gobierno de las Islas, bajo la batuta de la presidenta del PP Marga Prohens, esto es «una estafa colosal», por lo que el gobierno de Baleares se ha personado como acusación particular en el sumario judicial. Marga Prohens ha exigido a Francina Armengol que cuente toda la verdad sobre este escándalo y dimita de inmediato como presidenta del Congreso. «Los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté implicada en una trama criminal y corrupta», advierte la presidenta del PP.
Acorralada, tensa y sin saber muy bien que responder en los pasillos del Congreso, Francina Armengol intentó justificar ante los periodistas su actuación, asegurando que lo volvería a hacer por la situación de emergencia frente a la pandemia. Pero las investigaciones la cercan cada día más por las irregularidades en la contratación contrarias a la ley y el hecho de avalar las mascarillas con su defecto, algo que se ignoró en el pliego de petición a Bruselas de fondos europeos para costearlas. Demasiadas sombras y dudas sobre una mujer que ostenta el cargo institucional de presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, lo que para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es inadmisible y reclama su dimisión. Los populares denuncian que Armengol no puede asistir al próximo Pleno de la Cámara Baja, previsto para el martes, en calidad de su presidenta. Por si fuera poco, el propio exministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, inmerso en su numantina defensa mediática, también calificó de «estafa» el asunto y admitió que en Baleares se produjo un «quebranto» en los contratos con perjuicio para los ciudadanos. Armengol y el PSOE argumentan como defensa que su nombre no figura en el sumario, pero nadie duda de la gravedad de un asunto cada día más turbio.
La llegada de Francina a la presidencia del Congreso, directamente designada por Pedro Sánchez, ha estado envuelta en una gran polémica, pues ha desvirtuado las funciones esenciales del Parlamento a las órdenes de su jefe, el presidente del Gobierno. Durante meses la Cámara Baja ha estado inactiva, sin sesiones plenarias ni de control al Ejecutivo, con reuniones de la Mesa con alta tensión. Para el PP la señora Armengol obedece a quien la nombró: «Armengol tiene el Parlamento secuestrado», advierte su portavoz, Miguel Tellado. La mallorquina y fervorosa catalanista ocupa en Madrid la lujosa residencia reservada para los presidentes del Congreso, percibe unos honorarios de los más elevados del Estado y ejerce su papel de guardiana de un Congreso bloqueado. Los ciudadanos de Baleares soportaron con estoicismo su mala gestión para echarla después en las elecciones del 23 de julio. Pero de inmediato, su amigo Pedro Sánchez la designó a dedo como presidenta del Congreso para controlar la actividad legislativa desde La Moncloa a su antojo.
Francesca Lluc Armengol Socías, conocida como Francina, ha sido siempre una mujer polémica. En los meses de la pandemia del covid, en plena etapa de restricciones, la entonces presidenta balear fue sorprendida por la policía local de Palma a altas horas de la madrugada en un local nocturno junto a varios amigos y miembros de su gobierno. El PP de Baleares exigió su dimisión y ella alegó que uno de sus acompañantes había sufrido un desmayo y por ello se quedaron hasta ser atendido. En el verano de 2021 se dio un «macrobrote» de covid en Mallorca entre estudiantes durante un viaje de fin de curso. La actuación de su gobierno fue muy criticada, la oposición acusó a Armengol de «secuestro» a los estudiantes y de haber gestionado mal la situación.
Defensora a ultranza del catalán en todas las instituciones baleares y perseguidora del castellano, durante su estancia en Barcelona dónde estudió Farmacia militó activamente en el Bloc de estudiantes independentistas, sindicato de carácter soberanista. Nacida en Inca, hija del farmacéutico Jaume Armengoll Coll, alcalde de la ciudad, se licenció en Farmacia en Barcelona y su gestión fue un continuo choque de trenes con el PP, Ciudadanos y Vox por su deriva ideológica y el ensueño de «Les paísos catalans». Ahora, el escándalo de las mascarillas ensucia su alto rango institucional y la tiene contra las cuerdas.
Artículo publicado en el diario La Razón