Los casi 200 años de guerras contra el opio y las drogas fueron un costoso capricho de un mundo completamente equivocado que tiene que cambiar. Los colombianos, en cambio, que sufrimos la violencia del narcotráfico, tenemos la razón y hacemos lo correcto. Ese pudiera ser el colofón de la propuesta del gobierno de Petro de replantear la prohibición de las drogas.
Sin embargo, detrás de ello no hay sino ideología, petulancia y ocurrencias que enceguecen. Como es contraria a cualquier cientificidad, no solo la comunidad internacional no revisará la política de drogas, sino que la administración Petro corre el riesgo de afectar la privilegiada relación bilateral con Estados Unidos. O posiblemente eso es lo que busca para apalancar quién sabe qué otros objetivos.
Si sopesaran realmente alguna posibilidad de viraje en la política, deberían comenzar por dialogar con países menos tolerantes a las drogas como China, Rusia, Turquía o Irán. Es claro que allí recibirían un rotundo no.
Pero el riesgo no es tanto de frustración diplomática, que sería lo de menos, sino del incremento de la violencia, muertes y pobreza. Como los argumentos son innumerables, planteo algunos en forma esquemática.
En primer lugar, aducen que la “guerra contra las drogas” ha fracasado y que por eso hay que cambiarla. Es como decir que como la lucha contra el cáncer no ha sido distinta hay que abandonarla para que, en adelante, los rezanderos y yerbateros hagan los tratamientos. En segundo lugar, afirman, entre ellos el nuevo zar antidrogas, Felipe Tascón, que la “guerra contra las drogas” es una política impuesta por Estados Unidos por las hiperganancias que produce su prohibición. Un zar antidrogas que es partidario de comprar las cosechas de hoja de coca y que se “procesen en las universidades públicas”. Háganme el bendito favor.
Claro que olvidan que cuando Nixon declaró dicha guerra, en 1971, no tenía nada que ver con la cocaína que Colombia para entonces no producía y que incluso la prohibición de esta se implantó en Estados Unidos en 1914. Tercero, como señala Francisco Thoumi, la mayoría de los países que están en capacidad de producir drogas, o que en el pasado las produjeron, no están dispuestos a hacerlo, por tratarse de una actividad ilegal. Ello sugiere que la competitividad en drogas de Colombia es una mezcla de incapacidad para ejercer control territorial, corrupción generalizada, propulsada por la idea del dinero «fácil», y concentración barata de la ilegalidad, allí donde existe el menor riesgo por violar las leyes.
Cuarto, hablan de legalización o regulación de las drogas, pero no lo acompañan de su correspondiente definición. Quinto, en efecto las sociedades domestican ciertas drogas o estimulantes, como el tabaco y el alcohol, y así muy posiblemente ocurrirá con la marihuana, pero eso no puede confundirse con legalizar la cocaína, la heroína, el fentanilo y 30 drogas más.
Sexto, los esbozos de la política contra las drogas y la pretensión de renegociar la extradición con Estados Unidos parecen una copia de los “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador. Una política que apunta a un descalabro. Si bien los homicidios cayeron 8%, desde los 35.964 en 2018 a 33.315 en 2021, en términos absolutos el de López Obrador es desde ya el sexenio más sangriento en el México contemporáneo. Tiene una media de 34.186 asesinatos anuales, en contraste con los 26.193 de Enrique Peña Nieto, eso sin contar el notable incremento de los desaparecidos, los costos de la creación de la Guardia Nacional y la pérdida de control territorial a pasos agigantados.
La nueva gobernabilidad narca ha significado que bloqueen carreteras, incendien locales, asesinen civiles inocentes al azar, extorsionen a los dueños de locales de tortillas, de pollerías en el estado de Guerrero, a los productores de aguacate o limón en Michoacán y hasta a las parroquias.
Y ojo que la violencia en México ha sido de lejos mucho menor que en Colombia. Así que el presidente Petro podrá intentar tapar el sol con las manos, convertir el día en noche, lo blanco en negro, pero la realidad es tozuda. La suspensión de la erradicación forzada de cultivos ilícitos, de negociación con narcos, de renegociación de la extradición y los llamados a la legalización de las drogas pueden convertirse en un estrepitoso fracaso que se pague con mayor violencia y miles de muertos. Es que simplemente no hay atajos al trabajo honesto y la productividad para el progreso de un país.
@johnmario