El hecho de haber sido víctima del Estado a través del Ministerio del Poder Popular la Educación, Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y recientemente del Servicio Administrativo de Emigración y Extranjería (Saime), en la violación absoluta de mis derechos constitucionales al trabajo, con una acción de parte del madurismo que me convirtió en posterior preso político durante 2020, siendo sometido en las mazmorras del órgano militar mencionado en Boleíta, con trato cruel, al punto de dejarme sin agua, ni alimentos por casi 96 horas continuas al inicio del encierro, con dos convulsiones -soy invidente del ojo izquierdo y sufro de epilepsia- que me mantuvieron al borde de la muerte durante 26 días consecutivos en un calabozo de 4 metros cuadrados y durmiendo en el piso con máxima oscuridad y temperaturas inhumanas, prisión que fue concluida hasta el indulto de Nicolás Maduro en la bazofia carcelaria de El Rodeo III, el madurismo continúa su persecución política en mi contra, negando mi derecho a la identidad, al no entregarme mi pasaporte, no sólo para poder salir del país, sino desarrollar mi carrera académica y de investigación, contraviniendo en este último caso convenios con la Unesco, y en todas las acciones derechos humanos fundamentales y universales.
En tal sentido, este 22-6-2022, luego de hacer pública nuestra denuncia de que iríamos ante la Fiscalía General de la República (FGR), y sobre lo cual también hicimos conocimiento a su máxima jerarquía representada en Tarek William Saab {1}, y teniendo un importante respaldo de la ciudadanía en atención con nuestra acción por ejercer la restitución de nuestros derechos {2}, debo reconocer que el propio Fiscal General respondió a nuestro mensaje – incluso antes de acudir al ministerio público – {3}, girando instrucciones desde la Sala Situacional de tal órgano de derechos, quienes de manera diligente dieron indicaciones y orientaciones pertinentes para que acudiéramos ante tal institución con la prontitud de lo que en definitiva, nos encontrábamos exigiendo como una lamentable praxis de indiscutida violación de nuestros derechos humanos.
Una vez que se establecieron los canales respectivos de comunicación, fuimos atendidos de manera muy pertinente y atenta por parte de los funcionarios del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Atención a la Víctima con sede en Nueva Esparta, quienes además demostraron estar en consonancia con las solicitudes de las personas que se encontraban en esa sede, lo cual nos obliga a realizar el reconocimiento de que más allá de las adversidades, así como complejidades por diversas razones, nos quedó una positiva acción que esperamos sea una constante en el ejercicio de los derechos ciudadanos de la población.
En consecuencia, hemos consignado ante el Ministerio Público todos los hechos donde el Estado, representado en el madurismo como órgano del Poder Ejecutivo, ha violado nuestra condición humana -como lo ha hecho con otros venezolanos, y presos políticos por quienes exigimos su libertad- cuando desde el MPPE han violentado nuestro derecho al trabajo de manera abrupta, a la par que estando detenido en la sede principal de la Dgcim, además de someterme a torturas, jamás devolvieron mis equipos electrónicos «retenidos», y ahora con el Saime, desconocen hasta mi identidad, y agravan mi situación humana cuando no puedo ejercer mi profesión académica, ni dentro, ni fuera del país, o sea, que el madurismo pretende destrozarme en mi condición social y económica.
Exijo que el ministerio público, a través del fiscal general Tarek William Saab restituya mis derechos. Soy un profesional de la educación, y pertenezco al MPPE desde 2005, y ese derecho fue vulnerado de manera arbitraria. Estuve preso por el magníficado «delito» en lo que han llamado «instigación al odio» y ahora niegan mi pasaporte, alegando problemas en huellas dactiloscópicas, lo cual resulta hasta un contrasentido, porque si algo se estampaba a cada momento estando tras las rejas, eran las huellas de nuestros dedos y manos tanto en los institutos policiales, como judiciales, e incluso el propio Saime, sin obviar que mi anterior pasaporte venció en 2021 – el cual tampoco permitieron que prorrogara-, así que eso, no es más que una excusa inconsistente para continuar violando mis derechos humanos.
La FGR ha admitido mi denuncia por violaciones de mis derechos humanos por parte del Estado. Negar las pruebas contundentes que hemos consignado, y además continuar el madurismo con el acoso político, laboral y ciudadano en nuestra contra, pues no existe forma de justificar el cómo se violan derechos constitucionales irrenunciables.
En consecuencia, el ministerio público tiene en sus manos nuestra reincorporación al MPPE, la justicia por las torturas que fui víctima en la Dgcim, y la entrega inmediata de mi pasaporte para cumplir mis compromisos académicos y de investigación en el plano internacional. Espero por justicia. El Fiscal General de la República tiene la palabra.
@vivassantanaj_
* Dr. en Educación – Discapacitado –