El 4 de agosto de 2020 se reseñará en la historia colombiana como el día en que el socialismo del siglo XXI comenzó la implantación definitiva de la tiranía comunista en este país. Ya basta de que la dirigencia democrática actúa con la premisa de lo políticamente correcto y haga ver firmemente que estamos bajo un plan diabólico del comunismo internacional para convertir a Colombia en un país dominado por el narcoterrorismo comunista. En esto sigue, con las adaptaciones locales pertinentes, el modelo chavista de asalto al poder.
En Venezuela todo comenzó con el experimento del febrerazo de 1989, en el cual la izquierda subversiva midió las posibilidades de una insurrección popular contra la democracia, siguió con el intento de golpe del 4F, que no triunfó por la cobardía de Chávez que se atrincheró en un museo militar y no dirigió sus tropas en el asalto a Miraflores, pero un general infiltrado orquestó la oportunidad de que se hiciese el líder carismático que luego se proyectó con un mensaje televisado de rendición que ha debido ser grabado y se transmitió en vivo sin control de su contenido. La traición de Caldera a la democracia selló el triunfo del proyecto comunista, el cual se concretó con la defenestración de Carlos Andrés Pérez. La destitución y encarcelamiento del líder de la democracia venezolana, fue el momento inicial de la marcha al poder del comunismo en Venezuela.
Acá en Colombia ha sido todo más fácil, no se ha necesitado de insurrección popular ni de intentos de golpe. El leguleyismo tradicional colombiano ha hecho posible un golpe a la democracia disfrazado de formas legales. Todo comenzó con el diálogo en La Habana, en donde buena parte de la élite tradicional colombiana, liderada por el traidor a la patria Juan Manuel Santos, selló un acuerdo con el narcoterrorismo comunista, para entregar a este el país. A esta parte de la élite política la secundó, obnubilada por la persuasión del marxismo cultural, prácticamente todo el “establishment” del país: gremios, medios, intelectuales, sindicalistas, etcétera. Pero el corajudo pueblo colombiano, demostrando que los pueblos son más sabios que sus líderes, rechazó en plebiscito la instauración de la dictadura del farcsantismo.
Lamentablemente, los líderes del No se dejaron embaucar y al día siguiente de esa heroica decisión del pueblo colombiano, en vez de convocar a la sumisión del Estado a la voluntad popular y pedir la renuncia del presidente Santos, negoció con este la implementación del acuerdo. Que yo sepa solamente Alejandro Ordoñez públicamente ha hecho un “mea culpa” por tan fatídico error, el cual selló la entrega del país al narcoterrorismo comunista.
Luego de que el farcsantismo doblegase al liderazgo democrático colombiano, tenía las puertas abiertas par instaurar la dictadura y así lo hizo. Desconoció la voluntad popular, hizo una aprobación ilegítima e ilegal del acuerdo, lo incorporó al hilo constitucional y creó instituciones de cogobierno con los criminales de lesa humanidad de las FARC.
El pueblo colombiano siguió inquebrantable en su defensa de la democracia y eligió a Duque como presidente, para que cumpliese el mandato expresado en su programa de gobierno de acabar con la impunidad de las FARC. Si siquiera eso hubiese sido suficiente, pero ni eso cumplió Duque, ha gobernado cumpliendo fielmente el acuerdo de entrega del país a las FARC. El único que supo ver lo que se venía fue Fernando Londoño, quien pidió enérgicamente hacer trizas ese vulgar acuerdo.
La dictadura del farcsantismo, siguiendo los principios del marxismo cultural, cooptó todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, los poderes del primero, Judicial y Legislativo, están en manos de carteles que siguen al pie de la letra los dictámenes del castrocomunismo, y el Ejecutivo cogobierna con las FARC. La sociedad civil sigue hipnotizada con el corrupto discurso de la paz de Santos.
Pero todo esto no es suficiente, si al igual que en Venezuela no se eliminaba políticamente al baluarte de la democracia, Carlos Andrés Pérez, acá en Colombia es indispensable acabar con la figura de Álvaro Uribe Vélez, el único político que ha logrado vencer a los delincuentes de lesa humanidad de las FARC. En esa vía está la decisión de la CSJ del 4 de agosto. Como es imposible vencerlo electoralmente, se usan estratagemas ilegales para eliminarlo.
El liderazgo político democrático debe revisar su actuación frente al proyecto que, copiando el modelo chavista, intenta implantar el socialismo del siglo XXI a través de la vía electoral en Colombia. Llegamos al punto de no retorno, o se actúa ya enérgicamente para detener los avances del comunismo, o este llegará al poder en 2022 y en pocos años estaremos comiendo de las canecas de basura como en Venezuela.
En un mundo ideal, Duque debe hacer los que no hizo el 7 de agosto de 2018: decretar el estado de conmoción, revocar las Cortes, derogar la JEP y eliminar las curules regaladas al narcoterrorismo comunista. Sabiendo que esa es una utopía, hay que convocar al pueblo a que se manifieste contra la dictadura, conformar la resistencia y derrocar la dictadura del farcsantismo, por la vía que sea necesaria.
En última instancia invocar el artículo 216 de la Constitución: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”; pues estamos en vías, como Venezuela, de pasar a ser una colonia de Cuba. El artículo 217 estipula: “Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Este orden está siendo violado con la dictadura del farcsantismo, sería, pienso yo, hora de que las fuerzas militares actúen en defensa de este. Veámonos en el espejo venezolano, es hora de actuar, salvemos la democracia colombiana del socialismo del siglo XXI.