El régimen abrió una rendija en sus barrotes por la que salieron 225 de los detenidos en las protestas poselectorales del pasado mes de julio, según las cuentas del fiscal Tarek William Saab. Las cifras oficiales siempre son imprecisas e inciertas, cuando menos. En este caso de los encarcelados por razones políticas después del fraude, y el legítimo reclamo, el régimen habla de 2.400 personas tras las rejas. La ONG Foro Penal registra 1.850. Inflar el saldo represivo contribuye a hacer más terrorífica la acción gubernamental y a que se expanda la sensación de miedo para disuadir la participación política.
Hasta antes de estas excarcelaciones el número de presos políticos en el país ascendía a 1.976, siempre según Foro Penal, de los cuales 69 eran adolescentes, 163 militares (contra estos el ensañamiento es mayor y más duradero) y 246 mujeres. La liberación de las últimas horas ocurre después de la muerte en prisión de Jesús Manuel Martínez Medina, testigo electoral en la ciudad de Aragua de Barcelona, en el oriente del país, arrestado el 29 de julio en la noche. Martínez Medina falleció el 14 de noviembre durante una intervención quirúrgica para amputarle ambas piernas, necrosadas durante un encierro inhumano.
Familiares y representantes de organizaciones no gubernamentales concurrieron el sábado a varias prisiones en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Lara para esperar a los liberados. Al menos, 107 prisioneros recobraron la libertad, junto con un grupo de mujeres excarceladas de un centro penitenciario femenino. La acción conjunta de los familiares y defensores de derechos humanos permitirá precisar la cantidad de las liberaciones efectuadas y las condiciones que les han sido impuestas. La libertad total es un patrimonio del régimen.
Entre los liberados está un adolescente que cumplió 15 años de edad mientras estaba detenido. Se trata de José David Crespo, quien se encontraba en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campíns, en El Manzano, en el sur de Barquisimeto, capital del estado Lara. Pasó 109 días en prisión y se le acusó de terrorismo. Otros cinco adolescentes siguen presos en el retén de El Manzano, como se le conoce. El padre de Crespo continúa detenido, pero en Tocorón, en el estado Aragua.
Al joven Crespo se le impusieron medidas cautelares que incluyen presentarse en Caracas cada 30 días, prohibición de salida del país, no puede manejar moto, ni estar fuera de su casa a altas horas de la noche, ni acercarse al lugar de su detención, aunque este quede cerca de su centro de estudios.
Al fiscal le parece, así lo dijo, que las medidas adoptadas para liberar a prisioneros políticos tienen como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. Es decir, el régimen violó todos los procedimientos legales para la detención de venezolanos, dividió a las familias, irrespetó la institucionalidad y, ahora, su recapacitación es cuando menos chucuta y no es garantía de que no se volverá a cometer.
La lucha es pues por la libertad de todos los que están injustamente presos, que son muchos más que los que, para bien, recuperaron su ciudadanía, el derecho a abrazar y ser abrazados, a dormir en su casa, a ver a sus seres queridos. Y para evitar que el fiscal tenga que decir que se hicieron “exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios” para proceder a las excarcelaciones. La Fiscalía está obligada por ley a hacer eso que ahora dice estar haciendo antes de detener a cualquier ciudadano.