En 2022, 16 personas que cruzaban la frontera fallecieron en Sunland Park, siendo esta cifra la más alta por expiración asentada por la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos en el punto limítrofe sur.

La estadística combina fallecimientos por caídas desde la barrera fronteriza –la cual llega a tener hasta 30 pies de altura- con muertes producto de la extrema exposición al calor.

En el primer semestre de 2023 se han contabilizado 13 decesos producto del ardor intenso que en temporadas pico alcanza hasta 3 dígitos su medición numérica. Esto presagia un cambio en los fallecidos por contabilizar a finales de año.

Altas temperaturas es la catástrofe natural más mortal, con un promedio de 700 personas en 365 días en Estados Unidos, cantidad superior a las defunciones por tornados, huracanes e inundaciones. Sin embargo, las agencias federales que rastrean los datos afirman que se trata sin duda de un recuento insuficiente, pues en ciertas investigaciones puede ser confundida la razón del deceso con otros padecimientos físicos o achaques preexistentes.

Cada vez es mayor el número de aspirantes a obtener asilo político o cualquier forma de protección institucional obligando a las autoridades de inmigración a mover su plantilla administrativa a locaciones distantes. Ello deben hacerlo primordialmente a lo largo del cauce ribereño de Río Grande para asentar migrantes que no son mexicanos.

Durante 2022 más de 50% de los encuentros de la autoridad con personas sin el visado correspondiente ocurrió entre los sectores de Río Grande Valley, Del Río y Yuma.

Con el tiempo el aumento de la pluralidad de gentilicios exige la presencia de técnicos sobre la situación anteriormente planteada. Centroamericanos destacan en Rio Grande Valley, los cubanos en Yuma y casi el mismo número de venezolanos y mexicanos fueron detectados en Del Río.

El conocimiento que da la información internacional sobre la flexibilización de los controles de paso a Estados Unidos para residenciarse motiva a personas de otras latitudes y continentes a emprender por cualquier vía la travesía que los habrá de llevar a puerto seguro de la nación norteña. Los caribeños aumentan considerablemente su presencia ante funcionarios aduanales conforme la estadística.

Entre territorio mexicano y Estados Unidos hay puertos de entrada de la autoridad fronteriza, pero también existen diversos puntos de acceso no autorizados por donde transitan ilegales, quienes al no lograr pasar por las instalaciones autorizadas, amparados por coyotes o lúgubres calzadas, emprenden el camino que los habrá de conducir al norte continental en medio de circunstancias adversas y riesgos desconocidos.

Oscar Ganem, director de Venezuela Foundation, institución en apoyo a los hispanos, resalta la política de hermandad llevada adelante por los países de América y el Caribe cuando los venezolanos obligados por la dictadura instaurada en la nación decidieron partir.

Conforme indica el Instituto para la Investigación de la Migración (MPI) en su informe: “Más de la mitad (y hasta dos tercios) de los aproximadamente 6,4 millones de venezolanos desplazados que se han establecido en América Latina y el Caribe desde 2016 ya han recibido estatus legal por parte de su primer país de llegada. En general, la mayoría de los países han respondido con medidas altamente pragmáticas que han asegurado que la mayoría de los venezolanos tengan algún tipo de estatus legal, la capacidad de ingresar al mercado laboral, obtener educación básica y atención médica de emergencia.

Traslado de venezolanos y nicaragüenses son movimientos que destacan en la zona de América Latina y el Caribe, pero debemos observar el permanente flujo de haitianos y cubanos, principalmente hacia naciones del norte continental, pero no son las únicas como destino de recepción primario; Estados Unidos es la meta para residenciarse permanentemente.

Desde 2010, según manifiestan las investigaciones de MPI, ninguna región en el mundo ha experimentado un mayor aumento relativo de la migración internacional como América Latina y el Caribe: ”El número de migrantes que viven en la región casi se ha duplicado, pasando de 8,3 millones en 2010 a 16,3 millones en 2022, un cambio drástico impulsado por una serie de crisis de traslado, acuerdos de libre circulación y antiguos migrantes que regresan con hijos y cónyuges nacidos en el extranjero, entre otras tendencias”.

El artículo 8 del Título 42 entra en vigencia. Esto significa que se implementan las deportaciones para quienes les hayan aplicado tal procedimiento ajustado a la ley a partir del 31 de julio.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo que es seguro regresar a Venezuela para aquellos migrantes que llegaron a territorio estadounidense después de finales de julio y que no califican para un programa de ayuda humanitaria.

Así lo expresó Mayorkas después de que Washington y Caracas cerraran un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país.

Para quienes se han acogido al Tratado de Permanencia Temporal (TPS) y cualquier otro de asistencia como asilo político, lucha contra las torturas,  etc., no deben por ningún motivo perturbar la paz ciudadana, cometer algún delito, pues tales medidas de protección no les otorgan condición alguna de impunidad.

Con este acuerdo bilateral de extrañamiento, el desarraigo pudiera ser expedito conforme a cada caso, criterio de la autoridad o ley sobre la materia.

La protección que otorga la administración federal es en defensa  de los derechos humanos y auxilio a las víctimas.

Estimados  lectores, compatriotas, hispanos que venden golosinas en las esquinas de la ciudad de Nueva York, motorizados que perturban la Gran Manzana, en los Estados Unidos de América nadie está por encima de la ley. No lo olviden.

 


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