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La expulsión de Isabel Brilhante Pedrosa, máxima representante de la Unión Europea en Venezuela, representa un nuevo capítulo de la confrontación de la comunidad internacional, especialmente de la UE, con el régimen de Nicolás Maduro. El factor desencadenante fueron las sanciones acordadas por Europa contra diecinueve funcionarios del Estado venezolano, acusados de violar los derechos humanos y socavar la democracia, al haber participado en la convocatoria de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Reciprocidad, le dicen en el mundo de la diplomacia.
La reacción de la UE contra Maduro, luego de esas votaciones, se ha ido dando por etapas. En la primera fase, desconoció los resultados. No admitió la validez del holgado triunfo del oficialismo y, aunque no siguió reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, continuó aceptando como legítima la Asamblea Nacional de 2015. Ahora, sancionó a los funcionarios del Estado. La UE no aceptó con los brazos cruzados su fracaso cuando intentó que el gobierno cambiara la fecha de los comicios de diciembre y mejorara las condiciones en las cuales la cita se efectuaría. Josep Borrell, canciller de la UE, y el Grupo de Contacto Internacional, pedían que se levantara la inhabilitación de los partidos políticos censurados y se modificara el día de la convocatoria para un momento en el cual se dieran las condiciones mínimas que garantizaran una campaña electoral “normal”, que les permitiera a los candidatos dar a conocer sus programas legislativos, y a los electores, conocerlos. La pandemia provocada por la covid-19 impedía el desenvolvimiento normal de la campaña.
Las nuevas sanciones se alinean con la que ha sido hasta ahora la política del gobierno de Joe Biden con relación a Venezuela. Sin la estridencia que tuvo Donald Trump, la nueva administración ha mantenido la misma firmeza. No se ha producido ningún giro que permita suponer que habrá un cambio significativo en el tipo de nexos entre Washington y Caracas. Juan Sebastián González, el funcionario encargado de llevar las relaciones con América Latina, ha insistido en que el patrón no cambiará mientras el régimen venezolano no dé señales inequívocas de respetar las reglas del juego democrático. El gobierno norteamericano no ha reconocido los resultados de las elecciones de mayo de 2018, ni a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Su reciente intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido cuestionada por distintos funcionarios del Departamento de Estado.
Todo este cuadro no hace sino complicar aún más las posibilidades de que en Venezuela se cree el ambiente adecuado para una negociación eficaz entre el gobierno, la oposición y los factores internacionales interesados en resolver la fenomenal crisis existente. Estas son noticias muy desalentadoras para los venezolanos y también para los gobiernos vecinos, que esperan detener el éxodo venezolano. Su impacto económico y social en la regional, ya golpeada por la pandemia, está siendo muy fuerte.
No existen ningunas posibilidades de que los problemas domésticos se resuelvan, mientras no se superen las aristas más filosas de la crisis política nacional. La permanencia de Maduro en Miraflores es vista por los venezolanos como la principal barrera para enderezar las cargas. Y así es. Su desprestigio interno, la desconfianza que genera y el aislamiento internacional, le impiden colocarse a la vanguardia de los cambios económicos y políticos que deben acometerse.
Las tensiones con la UE enrarecen aún más el ambiente. Conspiran contra la posibilidad de que los sectores democráticos utilicen el apoyo internacional para intentar alcanzar acuerdos que mejoren la situación. Lo más probable es que estimulen un giro más autoritario del régimen y una entrega todavía más incondicional a las Fuerzas Armadas y al amplio e inescrupuloso aparato represivo legal e ilegal sobre el que se sostiene la autocracia.
La salida de Isabel Brilhante Pedrosa en vez de fortalecer las posiciones de las fuerzas democráticas, las debilita más de lo que ya están. En medio de la precariedad en las que estas se encuentran, su gran fortaleza reside en la corriente de simpatía y en el respaldo internacional que despierta la posibilidad de restablecer la democracia. Pero, para que la alianza funcione, resulta crucial que converjan las iniciativas internacionales con las posibilidades reales de la oposición de afincarse en ese apoyo con la finalidad de lograr cambios concretos en el panorama nacional. Las sanciones, aunque parezca paradójico, disminuyen esas probabilidades, pues inducen reacciones como la expulsión de la embajadora y cohesionan al régimen, proporcionándole más argumentos para aferrarse a posiciones intransigentes y autoritarias.
Deploro la expulsión de la embajadora Brilhante. Creo que la UE no ha diseñado la estrategia correcta para ayudar a salir de Maduro.
@trinomarquezc