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Otra semana que debo condenar -y no me cansaré de hacerlo- el sistema de justicia del Estado venezolano. En esta oportunidad es el juicio por terrorismo a 7 menores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, sin derecho a la defensa.
Una acción judicial resultado de las audiencias colectivas vía telemática, dirigidas por jueces sin rostros y defensa pública impregnada de parcialidad política, que imputan desde Caracas este delito contra todos los ciudadanos, dirigentes políticos y periodistas que hayan exigido el respeto a la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio, cuando se celebraron las elecciones presidenciales y el CNE anunció ganador a Nicolás Maduro sin haber mostrado hasta la fecha, más de dos meses después, ningún acta que valide ese resultado.
Con esta conducta asumida al margen de las atribuciones y funciones establecidas en nuestra norma suprema, el sistema de justicia contribuye con el aniquilamiento de las garantías judiciales, garantías constitucionales, derechos humanos internacionales del niño y el adolescente, así como pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
¡Qué fácil es usar todo el poder para silenciar a un pueblo sin derechos!
El sistema de justicia debe liberarse de la disciplina partidista y cumplir lo establecido en nuestra Constitución. Liberar a los niños pasados a juicio es regresar a la justicia imparcial.