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Aumenta el malestar y los reclamos de los ciudadanos ante la grave y penosa situación que vivimos en el país. Son variadas y muchas las quejas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante ellas el oficialismo tiene una sola respuesta. Es la cantaleta de que la culpa del desastre que padecemos la tienen las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional. Que el estruendoso fracaso de sus políticas es provocado por el imperialismo y por otros, es lo que el régimen suele dar a entender una y otra vez sin parar, con el mayor cinismo y a modo de excusa, ante las diversas expresiones de descontento de la población.
Esas sanciones, aplicadas a determinados funcionarios, empresas estatales y privadas bajo la acusación de diversos delitos, mencionadas a cada rato por el chavismo para desviar la atención sobre los verdaderos responsables de la crisis, son también objeto de manipulación por el régimen de Maduro al ser presentadas todas ellas como un crimen contra cada uno de los venezolanos.
No sólo mienten descaradamente los voceros gubernamentales cuando exigen la eliminación de dichas sanciones. Igualmente se delatan al mostrar la perversidad y el carácter delincuencial con que hacen tal reclamo. Algunos casos nos permiten ilustrar esto con claridad.
Un primer ejemplo: unas recientes declaraciones del presidente del ilegítimo parlamento nacional, Jorge Rodríguez, quien, haciendo alarde de la mayor manipulación e inescrupulosidad, sostuvo que, mientras se mantuvieran las sanciones, no era posible el diálogo para acordar con la oposición la celebración de elecciones presidenciales justas y libres. Como si la realización de esos comicios, previstos y pautados constitucionalmente, pudiesen condicionarse de ese modo tan arbitrario y supeditarse unilateralmente a los intereses de los que ejercen el poder.
Un segundo ejemplo: con la misma excusa por delante, varios voceros oficialistas han aseverado en distintas oportunidades que no hay recursos para aprobar los aumentos salariales a los trabajadores del sector público. Una expresión cargada de indolencia criminal ante quienes hoy padecen una vida de penurias debido a las remuneraciones de hambre que perciben. Abominable insensibilidad que se mantiene en ciertas ocasiones, cuando el mencionado pretexto se sustituye por el argumento de que los incrementos de sueldos y salarios son ahora inoportunos e inconvenientes porque producen más inflación y devaluación de la moneda.
Más allá de lo antes dicho, vale la pena preguntarse e indagar hasta qué punto las sanciones internacionales han podido ser burladas por los personajes acusados; algo que podría ayudarnos a conocer mejor el alcance real y la efectividad de su aplicación, y desmontar de ese modo otras mentiras oficiales.
Lo que sí está claro y fuera de toda duda es el hecho de que la actual crisis que afecta al país se desencadenó como consecuencia de las políticas del régimen, no por las sanciones aplicadas después de su comienzo.