El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado austríaco Volker Türk, presentó su informe sobre Venezuela con relación al período entre el 1º de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. Se abordan derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, el Estado de Derecho y el espacio cívico del país. Esta es la primera parte de un extracto de esta radiografía, elaborada por un órgano externo.
- Los venezolanos siguen teniendo dificultades para adquirir los alimentos necesarios para una nutrición equilibrada.
- Persisten las dificultades para cumplir las condiciones mínimas para una educación de calidad, especialmente fuera de las zonas urbanas, incluido lo que respecta a infraestructuras (agua, electricidad, transporte), nutrición, condiciones de trabajo y disponibilidad de personal.
- Las universidades tienen problemas de financiación insuficiente. Algunas sólo recibieron entre 1% y 2% de su presupuesto anual.
- Los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios. Deben buscar fuentes alternativas de ingresos y abandonan su profesión.
- Los hospitales de todo el país, según una organización de la sociedad civil, solo pueden cubrir los costes de entre 35% y 40% del material de emergencia y 60% de los medicamentos de urgencia.
- El acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) supera los 100 dólares (el salario mínimo es de 5$, agregado nuestro), lo que ha contribuido a que la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino haya aumentado 66,9% desde 2019.
- Sólo se permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna.
- Se documentaron 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, 9 de los cuales fueron detenidos. Otros 7, hostigados; se secuestró un familiar de un dirigente sindical y 4 más fueron amenazados, por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos.
- Se registró el asesinato por autores desconocidos de dos dirigentes campesinos, la presunta detención arbitraria de nueve pequeños agricultores, trabajadores rurales y dirigentes (cuatro mujeres), y el desplazamiento forzoso de cuatro familias debido a la violencia y las amenazas, incluidos mujeres y niños, todo ello por defender los derechos a la tierra o protestar por sus condiciones de vida.
- En 2022 se registraron al menos 86 derrames de petróleo, 77 más que en 2021, que destruyeron ecosistemas acuáticos y terrestres esenciales para garantizar un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
- La extracción de oro se ha vinculado a asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales, amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia y huyendo de condiciones de vida crítica.
- Los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas amenazan la supervivencia de las mujeres y los niños indígenas.
- Se recibieron denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados Zulia, Bolívar y Amazonas, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales, incluyendo implicadas en el narcotráfico y la minería.
- Según fuentes oficiales, 1.899 personas fueron acusadas de feminicidios desde 2014. Venezuela no cuenta con un observatorio oficial de violencia de género. A lo largo de 2022, un observatorio creado de forma independiente informó de 240 feminicidios, lo que refleja niveles similares a los de 2021. Otro observatorio independiente documentó 282 casos de feminicidios en 2022.
Continuará (lamentablemente).
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