Evaluar la gobernanza no es una tarea sencilla. No sólo se trata de valorar el comportamiento de los gobiernos, los Parlamentos o la separación de poderes, también de la solidez de sus instituciones y del funcionamiento de los servicios públicos y de quienes deben servirlos.
Los primeros datos recogidos del proyecto de Índice de Gobernanza Iberoamericano que lidera el CLAD, ponen de manifiesto la importante diferencia existente entre los diversos países. Así, nos encontramos con administraciones públicas desarrolladas, que enfrentan otros problemas y débiles estructuras en algunos países, que dibujan un panorama de escasez institucional que, lamentablemente, concierne a no pocos Estados.
El análisis de estos datos ha reunido en Cartagena de Indias a más de 35 expertos procedentes de la academia, la gestión pública y entre los que se encontraban académicos y científicos sociales como Oscar Oszlak, Luis Aguilar y Carles Ramió, que han visto pasar los últimos años del devenir administrativo y político de Iberoamérica.
Con el patrocinio de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y AECID, la agencia de cooperación española que incluso puso a disposición del proyecto sus magníficas instalaciones del Convento de Santo Domingo en Cartagena de Indias, se han celebrado dos días de reuniones en las que se ha podido evaluar el camino recorrido, pues se trata de la VI reunión, y poner de manifiesto los avances y puntos de mejora.
A los datos requeridos, han contestado 17 países, lo que supone un porcentaje relevante, entre los que se encuentran aquellos que tienen el mayor volumen de empleados públicos y de desarrollo institucional. Los datos pueden arrojar algo más de luz a los estudiosos o simplemente curiosos de la situación de las administraciones públicas. En este sentido, tiene una gran relevancia que los datos son los suministrados oficialmente por los países, por lo que no se trata de extrapolaciones o de encuestas para trabajos académicos.
Por tanto, se trata de un trabajo a medio/largo plazo que irá completándose y que cada vez acumulará más datos y reflexiones de valor para la mejora de nuestras administraciones públicas.
Queda pendiente para otros trabajos una mayor profundización en los ámbitos subnacionales y en especial locales, que, a la escasez de ingresos y el déficit de infraestructuras crónico, han de sumar el desconocimiento de su situación real, en la que ha de tenerse en cuenta también la existencia de una normativa laxa en materia de contratación y no pocas irregularidades de empleo.
Así, por ejemplo, el porcentaje de servidores públicos en relación con la población total es mayor en Uruguay (7,53) Panamá (6,09) y Portugal (5,48). Este porcentaje, es sin embargo mínimo en Brasil (0,25) Honduras (0,37) o Argentina (0,40). Hay que destacar, no obstante, que como se ha señalado de forma reiterada, se trata sólo de los empleados públicos que realizan tareas administrativas en el ámbito nacional (excluidos docentes, sanitarios y miembros de las fuerzas militares y de seguridad).
Los expertos debatieron abundantemente sobre este tema, pero aquí nos enfrentamos con dos problemas. El primero es el derivado de las infraestructuras de las diversas administraciones, muchas de las cuales no gozan de la suficiente dimensión como para poder recoger datos fiables. El segundo se refiere a la ingente labor que hay que desarrollar para conocer con mayor profundidad el ámbito regional o subnacional (mejor estudiado) y, en particular, lo que se refiere a los ayuntamientos, municipalidades o alcaldías y, en general, las instituciones del mundo municipal.
La importante diferencia entre los países se muestra igualmente cuando tratamos de la estabilidad de los funcionarios públicos. Mientras que hay un grupo de países cuyo porcentaje de empleados estables es superior al 80%, lo que parece adecuado para la continuidad de las políticas públicas, pues en ellos reside la experiencia y el conocimiento esencial, hay otros donde este porcentaje es excesivamente escaso. Claramente sería conveniente una mejora sustantiva en este aspecto.
Otra vertiente de interés se refiere a los servidores públicos que ingresaron por un procedimiento de selección abierto, competitivo y público. Ha de señalarse que algunos países (España, Bolivia, Argentina) declaran el 100%, lo que constituye un elemento positivo para la fortaleza de sus administraciones. En otros casos, sin embargo, este porcentaje cae drásticamente, lo que constituye un motivo de preocupación por sus repercusiones en la extensión del patrimonialismo y la politización acentuada. Ello revela igualmente la inexistencia de baremos objetivos para la contratación de quienes van a realizar tareas de tanta relevancia para los ciudadanos.
Un último dato para comentar en este artículo es el número de mujeres que trabajan en la administración pública nacional. En la mayoría de los países supera el 46%, alcanzando en los casos de Portugal y Uruguay cifras superiores al 60%. Aunque no puede afirmarse esta situación en lo que se refiere a los puestos dirección y responsabilidad, como se demostró en el Simposio sobre Igualdad de Género en las administraciones públicas, organizado en Perú por el CLAD, ha de referirse que cada vez son mayores los porcentajes de personas de género femenino que desempeñan puestos de dirección en todos los países.
En fin, una actividad encomiable, en la que participan expertos de muchos países iberoamericanos y que seguramente contribuirá a conocer nuestra realidad de las administraciones para así comprender la propia posición que es la suprema virtud del ser humano. (Al-Harawi, siglo XII). Si conocemos la realidad ya podemos empezar a transformarla.
@sgeneralClad