Si aún queda alguien a quien no le haya parecido suficiente el posicionamiento formal asumido por Naciones Unidas declarando a personeros del régimen que despachan en Miraflores responsables de delitos de lesa humanidad en nuestro país, debería pasearse por otros hechos recientes que vienen a reforzar al lapidario informe de la Misión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos y que focalizan la lupa mundial sobre monstruosos crímenes y dislates de los que son y han sido protagonistas algunos regímenes a lo largo de la historia reciente.
A quien no le baste que terceros países de gran calibre se hayan manifestado exigiendo sanciones para los actores de los delitos y horrorosos crímenes perpetrados en Venezuela –entre ellos Brasil, Colombia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, por solo citar algunos– debe hacer un alto en el camino para pasear la mirada sobre otros hechos que están ocurriendo, en este preciso instante, en la órbita internacional.
Porque es que se ha estado produciendo desde algunos países líderes del mundo un posicionamiento cada vez más compartido y plural encaminado a exigir de terceros el respeto a los derechos ajenos, un llamado a la sindéresis global, una condena a todas las formas de totalitarismo y una apelación a la humanidad a ser proactiva en desterrar cualquier género de violación a la ley y de penalizar las tropelías orquestadas desde el poder.
Muy diciente en este terreno es la resolución del Parlamento Europeo que vio la luz hace escasas horas en la que el máximo órgano legislativo del conjunto de las naciones del viejo continente hace énfasis en el valor que tiene para su propio futuro el mantener viva la memoria histórica de los 26 países de la Unión. Para ello citan innumerables hechos históricos lesivos de los derechos de los ciudadanos que es preciso mantener vivos como lecciones para un futuro que garantice la paz y la justicia al colectivo europeo.
Es así como movimientos como el nazismo, estalinismo y comunismo, además del totalitarismo en todas sus formas, se llevan la palma en aquello de provocar el repudio y la condena de las naciones de la Unión por el saldo de dolor y devastación que produjeron y por su inclinación a la destrucción, al odio y al crimen. Se insta en este texto a los Estados, por ello, a condenar toda propagación de ideologías como las citadas.
Hechos como esta resolución política adoptada en Estrasburgo -535 votos a favor, 66 en contra y 55 abstenciones- son evidencia de la existencia de un movimiento plural mas no anónimo que hoy se traza el norte de poner de relieve los valores básicos de las sociedades, de reclamar su defensa, de condenar sus violaciones y de animar a todos a exigir el cumplimiento de los deberes de la justicia internacional.
En un ambiente como el que describimos para el caso venezolano, no puede haber un país o gobierno que sea indiferente o que sienta que es posible permanecer al margen y taparse los ojos ante los señalamientos que el órgano que vigila los derechos humanos de Naciones Unidas ha presentado como evidencias en el caso del gobierno de Nicolás Maduro y de muchos de sus cómplices.
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