La hermosa lucha por la liberación democrática de Venezuela está –como es de esperarse–plagada de obstáculos. Identificarlos es un paso necesario para poder diseñar estrategias efectivas que, lejos de los planteamientos ingenuamente idealistas o caracterizados por un infantil voluntarismo, partan del reconocimiento e impacto de su existencia.
El primero es, por supuesto, el hecho de que cualquier actividad política, distinta a la de adular a la actual clase política gobernante y arrodillarse ante ella, es considerada por la tiranía como un delito. En los regímenes democráticos, la lucha política y el trabajo por la alternancia en el poder son actividades no sólo legítimas, sino que todo el mundo sabe qué hacer al respecto. En las dictaduras, por el contrario, aspirar al cambio político es criminalizado por quienes detentan el poder –ante el riesgo de perder sus privilegios– y todos los que trabajan por la transformación del país son considerados y tratados como delincuentes. Ello convierte a la lucha por la liberación popular en la actividad de mayor riesgo y peligrosidad en nuestro país.
A esa primera y principal limitación se suman otros serios obstáculos como la severa represión de los cuerpos de seguridad del Estado a cualquiera que piense distinto al régimen, la ilegalización de los partidos políticos democráticos, el apoyo a la dictadura por parte de la alianza internacional Cuba-China-Rusia-Turquía-Irán, la migración forzosa de venezolanos huyendo de la hambruna y de la crónica precariedad de sus condiciones de vida, y la aguda crisis humanitaria compleja que golpea a la inmensa mayoría de la población y que atenta contra las posibilidades efectivas de organización social y de movilización popular.
Sin embargo, y a pesar del duro fardo que los obstáculos anteriores representan para el trabajo de liberación democrática del país, es posible identificar también algunas oportunidades en la coyuntura que pudieran ser utilizadas para alimentar la estrategia del cambio político. Dadas las limitaciones de espacio, mencionemos aquí solo tres.
En primer lugar, existe un consenso incuestionable en la opinión pública alrededor de la prioridad de combatir y superar cuanto antes la crisis humanitaria. Eso nadie lo discute, y hasta la propia burocracia oficialista lo reconoce, con la particularidad –cínica, por cierto– de referirse a ella exculpando la propia responsabilidad sobre su origen y mantenimiento, y achacando su causa a factores externos. En segundo lugar, presenciamos en Venezuela una constante y diaria manifestación de reclamo e indignación popular, expresada en protestas y pobladas desagregadas por todo el país, lo cual constituye un indicador innegable de alta conflictividad social. Y por último, las contradicciones de la cúpula gobernante con lo que creen sus bases sociales de apoyo han comenzado a hacer metástasis y están provocando graves fracturas no solo dentro de la alianza de partidos que históricamente les han acompañado sino, lo que es más importante, en las bases estructurantes del chavismo.
Con respecto a esto último, ya no son solo la evidente incapacidad para gobernar, la inocultable corrupción de los jerarcas del régimen, su opulento estilo de vida que contrasta con las penurias de la generalidad de la población y su insensibilidad para con el sufrimiento de la mayoría lo que ha venido alejando al madurismo de sus otrora fieles bases sociales. La gota que parece haber derramado el vaso es la constatación de que la violación de los derechos humanos, con su secuela de tortura, desapariciones forzadas, encarcelamientos sin juicio, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, forma parte de una política sistemática y deliberada de la oligarquía madurista. Y ello ha resultado demasiado para muchos de los sectores, organizaciones y personas que hasta ayer los respaldaban, porque la defensa de los derechos humanos es universal, no tiene ideología ni bandería política, y quienes los violen deben ser condenados y repudiados trátese de quien se trate, sin justificación ni atenuante alguno.
Estos elementos de la actual coyuntura deben ser inteligentemente considerados dentro del diseño estratégico de la oposición democrática. Cualquier propuesta que exponga claramente y sin ambigüedades ante el país tres prioridades, la opción preferencial por reducir el sufrimiento de la gente antes de cualquier otra consideración, la defensa de los derechos humanos de todos sin excepción (lo cual pasa por el amparo de sus derechos sociales, políticos y económicos), y la prefiguración clara del país por el cual se lucha, un país plural, amplio, heterogéneo, donde todos tengan cabida e importancia, donde todos sientan que son necesarios para el difícil pero hermoso reto de su reconstrucción, y que enamore a todos en la lucha por su consecución, será una propuesta que comenzará a calar hondo en la mayoría de los venezolanos, y a despertar simpatías y entusiasmo más allá de que se trate de partidarios opositores, indecisos, desanimados, desencantados del madurismo o simplemente incrédulos.
Por supuesto, un elemento central e insoslayable de una estrategia de cambio político basado en esa propuesta, es otorgar prioridad al trabajo –difícil pero necesario– de convertir la actual conflictividad social en un auténtico movimiento democrático de presión cívica interna, sostenida, organizada y con direccionalidad política, que genere las condiciones sociales que hagan inevitable una salida negociada a la crisis. Sin ello, cualquier propuesta de liberación y transformación del país quedará solo como un hermoso proyecto.
El teólogo inglés William George Ward decía que las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado se los pierde. Por el bien del país, y a pesar de los múltiples obstáculos, la conjunción de oportunidades que presenta el actual momento venezolano, en lo político y en lo social, tiene que ser inteligentemente abordada y aprovechada por la oposición democrática. Antes que sean otras las circunstancias.
@angeloropeza182
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