Estatismo y justicia

La justicia de los sistemas estatistas es un tema al que se le viene prestando mucha atención en el mundo desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Parece inexcusable separar dictadura, tiranía, regímenes totalitarios, regímenes comunistas, socialistas, capitalismo de Estado, globalismo o antisistema democrático, de su relación con el ordenamiento jurídico, la Constitución, la ley, la “justicia”, sistema jurídico legislativo y judicial, pues ambas esferas: Poder y Justicia, se unen para componer o recomponer el orden establecido en las naciones. Por ahora se van a mencionar los detalles más resaltantes que minan las libertades y la paz de las naciones de los sistemas políticos de “sociedades cerradas” en palabras de Popper.

El ordenamiento jurídico de estas naciones está aplicado al irrestricto control de un órgano central, que recae en la figura del dictador, o mejor explícito,  personificado en la figura del caudillo, sobre las libertades, derechos y garantías de las personas, del mismo modo, sobre los bienes y medios de producción, incluido la propiedad de la persona, su manera de pensar y su derecho de libertad de expresión, a través del orden jurídico, de la mano, con el condicionamiento, entiéndase adoctrinamiento,  de la instrucción publica por parte del Estado educador.

Al mismo tiempo que en estas naciones el ordenamiento jurídico es contrario al orden natural, imponiendo leyes contra la vida, desafiando todo escrutinio de la inteligencia y consciencia de las personas; leyes como las de pro aborto, subvencionadas con el dinero de los contribuyentes; o leyes de eutanasia como una evasiva presupuestaria para aminorar gastos en personas de las tercera edad, dejan mucho que pensar de estas doctrinas personalistas del Estado, igual sucede con el matrimonio igualitario, que rompen el orden natural, entre otros signos.

Suelen existir en estos sistemas políticos, mal llamados república, pérdida de la patria potestad de los niños y adolescentes, bajo muchos artificios legales y burocráticos, empieza a difuminarse la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos porque esta se encuentra compartida de manera parcial o a discreción del Estado, retando el sistema universal de derechos y garantías.

Paulatinamente, empieza también a desaparecer en estos regímenes el derecho de sucesión de manera parcial, ya que este es solo un derecho de los líderes del sistema del Estado, que se sustentan muy convenientemente, a través de las doctrinas personalistas, pues ellas permiten, de manera cilíndrica, reincidir en los condicionamientos de la conducta humana.

Se recrea un sistema de Estado policíaco, que hoy goza de todas las riquezas tecnológicas de las redes sociales y la web en general, no solo como recursos para la seguridad y la paz necesarias de una nación, sino que en los casos de regímenes personalistas terminan siendo armas de control contra las libertades naturales de las personas, como por ejemplo el intercambio de bienes y servicios, el derecho a discernir contra las ideas del régimen, en fin, frente o contra cualquier idea que pretenda desconocer el régimen central, flagrado de injusticias contra el sistema de derechos, garantías y libertades de las personas.

Se instaura la judicialización penal de la política con la configuración de una serie de delitos que imposibilitan la disidencia, y la oposición política, e incluso el desarrollo y la libertad política y económica, si no es con el concurso del Estado.

Además, todo ello con el establecimiento de un código de leyes antilibre mercado, libre comercio, antipropiedad privada, libre iniciativa, llena de permisologías y regulaciones perniciosas de la economía particular de la persona y por ende de la población. Todo este entramado legislativo es la causa de existir una dudosa seguridad y libertad a la inversión privada, que se resumen en un alto riesgo país, escaseando el empleo, el trabajo, la creatividad e inteligencia, que desembocan en el inexorable éxodo de las fuerzas creadoras.

Por otro lado, estas legislaciones suprimen el derecho a autodefensa de las personas, suprimen el uso de armas a la población civil, sólo poseen armas los cuerpos pretorianos del régimen y bandas al margen de toda ley, incluso la de ellos mismos, grupos permitidos por el mismo sistema político, donde converjan puntos de encuentro con la ideología del régimen.

Además que esta serie de regulaciones jurídicas en el ámbito económico, especialmente en la rama de la administración laboral, socavan el derecho de propiedad y libre contratación de los particulares y las empresas, con figuras tales como el derecho de cogestión de los trabajadores, expropiaciones,  e incluso figuras jurídicas retóricas como las de inamovilidad laboral, para todos los trabajadores, entre muchas otras figuras y ejemplos de clara intolerancia a la libertad, que debilitan el derecho de propiedad, libre contratación  y libertad económica que tienen todas las personas.

A estas instituciones jurídicas se le agregan leyes que institucionalizan operaciones, que sirven amargamente para el ensanchamiento de la impresión de moneda sin respaldo en oro; controles de precio, y una serie de medidas legislativas, que desembocan siempre en inflación, junto al caos que propician en las naciones; al mismo tiempo que presentan una clara tendencia a la concentración del poder en una élite económica-política con respaldo de las defensas soldadescas, sin importar el examen de la conciencia humana.