Solamente los altos funcionarios del Estado tienen el privilegio de contar con 4 comidas diarias, clínicas privadas y un seguro de salud y vida en dólares, nuestros pensionados y jubilados siguen siendo víctimas de un Estado indolente. Algunos corren el riesgo de morir de hambre, como sucedió el 29 de octubre en Puente Hierro, donde se encontraron dos ancianos muertos dentro de su apartamento. ¿La causa? Los vecinos de Silvia Sandoval y su hermano Rafael David aseguran que fallecieron por desnutrición.
Como abogado defensor de los derechos humanos responsabilizo al Estado por la muerte de estos dos adultos mayores. La indolencia e indiferencia hacia los jubilados, pensionados educadores, enfermeras y trabajadores en general constituye una grave violación del derecho a la alimentación, a la salud y al trabajo. Estamos en presencia de un Estado sin alma que mantiene crucificado a un pueblo resignado e indefenso, sometido a una «tortura» estomacal con sueldos y pensiones miserables, colapso de los servicios básicos como el agua, energía eléctrica y gas doméstico que la FANB lo sustituyó por leña.
El hambre de la gente pobre no es prioridad para los altos funcionarios del Estado, para ellos lo más importante es mantenerse de manera perpetua en el poder sin importar el bienestar social de los ciudadanos.
No se justifica en un país petrolero el anuncio de Maduro, sin angustia y preocupación, de que solo quedan en la reserva 20 días para abastecer de gasolina a una población de 30 millones de habitantes. Es la crucifixión de un pueblo en pleno desarrollo.
Además de la hambruna, la crisis sanitaria y la desaparición de los servicios básicos, la ciudadanía sigue siendo victima de la represión, detenciones arbitrarias con allanamientos sin orden judicial, prisión y desapariciones forzadas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que tienen luz verde para actuar al margen de la ley sin ningún control.
Los aguinaldos ofrecidos por el Estado solo alcanzarán para comprar un cartón de huevos y un kilo de queso, Niño Jesús no hay y menos hallacas y el imposible pan de jamón.
Se mantiene como política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.