Como he explicado en otra oportunidad, en lenguaje legal el Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones reguladas por una Constitución –o carta magna como también se la ha denominado–, que viene a ser el fundamento jurídico del Poder Público, por lo que cualquier actuación de una cualquiera de sus ramas, sea Ejecutiva, Legislativa o Judicial, debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y preexistente, de manera que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, creando un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público, que es lo que se conoce como seguridad jurídica[1].
Como se observa, el Estado de Derecho garantiza que todas las personas y sociedades, incluidos los órganos gubernamentales, estén sujetos y sean responsables ante leyes equitativas y aplicadas imparcialmente.
Pero, ¿cuál es la vinculación del Estado de Derecho con las inversiones?
Las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, constituyen el flujo de capitales hacia actividades productivas que buscan una rentabilidad y el desarrollo de infraestructura económica. Las inversiones son sensibles a la estabilidad política y jurídica, especialmente las extranjeras, ya que los inversionistas buscan entornos donde su capital esté seguro y las normas regulatorias sean predecibles. Un Estado de Derecho sólido genera un clima de confianza, ya que los inversores saben que las reglas del juego no cambiarán de manera arbitraria ni caprichosa, que sus derechos estarán protegidos y que los litigios se resolverán de manera imparcial. Este ambiente favorece la atracción de capital, contribuyendo al crecimiento económico, la creación de empleo y al desarrollo sostenible, vale decir, al crecimiento y avance de la sociedad, economía y tecnología satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades.
Según lo expuesto, para captar y retener inversiones, nacionales y extranjeras, el Estado de Derecho es esencial. Un entorno legal que garantice la igualdad ante la ley, la protección de los derechos y la seguridad de las inversiones genera confianza pues la independencia judicial, la transparencia en la administración pública, el respeto por la propiedad privada y la libre contratación se traducen en una previsibilidad económica que es fundamental para la estabilidad de los negocios y su rentabilidad.
En términos generales, una dictadura, por más malabarismos que utilice y aunque cuente con apoyo de otros regímenes tiránicos, no logrará animar a los inversionistas locales ni a los extranjeros a que apuesten por invertir en el país de que se trate. Sin embargo, existen importantes excepciones. En efecto, países como China y Cuba, reconocidas satrapías, no cuentan con un Estado de Derecho concebido en los términos que he señalado anteriormente y, pese a ello, consiguen ser atractivos para ciertos tipos de inversión extranjera, a sabiendas los inversores que no contarán jueces independientes y menos que tendrán protección contra arbitrarias confiscaciones.
Por otra parte, hay inversores provenientes de países que carecen de Estado de Derecho y que han crecido en la incertidumbre y temor que genera su ausencia, como los inversionistas con origen en Rusia, Irán y Turquía, países que ocupan respectivamente los puestos 106, 120 y 97 entre 142 observados por el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Esos inversores son menos exigentes en cuanto a las mediciones de Estado de Derecho, saben convivir en medio de la inseguridad jurídica y aceptan las ofertas de algunas dictaduras que tratan de atraer inversiones prometiendo incentivos financieros o una aparente estabilidad política, o entran en un entramado de corrupción.
En conclusión, mientras el Estado de Derecho se mantiene como un pilar para atraer capital, los regímenes dictatoriales que aplican controles arbitrarios y limitan las libertades carecen de los fundamentos que verdaderamente inspiran la confianza de los inversionistas internacionales. Podrán contar con buenos dividendos pero siempre sobre sus cabezas penderá la espada de Damocles, lo que me hace afirmar que Estado de Derecho e Inversiones son claves para el desarrollo y la atracción de capitales.
[1] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. ¿Qué es el Estado de Derecho? En: Conocer el Derecho: Herramienta del ejercicio ciudadano. Colección Estudios Jurídicos No. 161. Editorial Jurídica Venezolana Internacional. Caracas, 2024.
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