Foto Europa Press
Las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros para ayudar a una parte de la población gracias al excedente de recaudación fiscal, ya impúdico, que recae sobre el resto, no debe confundir a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación institucional generada en España desde el propio gobierno, culminada con un anuncio, en forma de advertencia, del presidente de la Generalidad catalana.
Porque si Pere Aragonés reclamó la celebración de un referéndum que, con ése u otro nombre, legitime las aspiraciones del independentismo; Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora todo lo necesario para legalizar de algún modo ese objetivo, inconstitucional, amoral y perjudicial como pocos.
De nada sirve que el presidente lo niegue, pues en cada ocasión en que ha sido así de tajante, los hechos han demostrado la invalidez de sus palabras: también dijo que no daría indultos, ni pactaría nada con Bildu, ni reformaría el Código Penal salvo para endurecerlo ni, en resumen de todo ello, aceptaría gobernar España gracias al populismo de Podemos y el secesionismo de ERC y Bildu.
Y, sin embargo, todo eso se ha hecho, incluso incurriendo en fraude de ley o acosando a los contrapoderes del Estado, al objeto de moldearlos a su antojo para que den el visto bueno a sus reiterados excesos.
Por eso las palabras de Aragonés no pueden ser tomadas como un brindis al sol, sino como el anticipo de la última exigencia de ERC para mantener en el presente, y en el futuro, su respaldo a un presidente que solo puede serlo con esas muletas.
Si hasta ahora todas las peticiones, que son más un chantaje que un deseo de diálogo, han sido atendidas, ¿cómo nadie, con un elemental sentido común, puede creer que de repente no se formulen y no se atiendan?
En esa línea, el ataque a la independencia judicial y la presión al Tribunal Constitucional para incluir en él a políticos del PSOE con infinito descaro, termina de desvelar el plan en marcha y obliga a activar todas las alarmas.
Porque si Sánchez solo puede ser presidente con esa doble intervención del nacionalismo y del populismo antisistema, ¿alguien cree que renunciará a ello tras haberse encomendando a esas compañías desde 2018?
Que la legalidad sea un freno tampoco es ya suficiente: el gobierno ya ha dado sobradas pruebas de que, cuando el ordenamiento no se adapta a sus pretensiones, lo moldea a su antojo, sometiendo al Estado de derecho a una tensión impropia de una democracia europea.
Porque en la España de Sánchez, todo lo que se antojaba imposible es ya viable, incluyendo la reformulación de la Constitución, por la puerta de atrás, maquillando la operación con un plácet forzado desde los órganos jurídicos previamente conquistados.
Desde la serenidad que requiere la situación, pero con la firmeza exigible ante el desafío institucional, conviene activar todas las alarmas democráticas y no cesar en el intento de lograr el amparo europeo, hasta ahora tibio o inexistente por razones inexplicables.
Editorial publicado en el diario El Debate de España
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