El voto es una herramienta fundamental de la democracia. Sirve para elegir a los gobernantes y representantes de los ciudadanos y para dirimir las controversias. Una vez zanjado un asunto por mayoría de votos todos los participantes del grupo, corporación o sociedad, quedan obligados a aceptar la decisión y a colaborar en su cumplimiento, incluso aquellos que sostuvieron opiniones contrarias. El debate, la votación, la decisión y el acatamiento, en un ambiente libre de presiones y sanciones, son elementos básicos del funcionamiento democrático. El mecanismo del voto forma parte de un sistema mayor de normas y formas de actuación basadas en la libertad, la lealtad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y la solidaridad. Además, la democracia demanda conductas individuales, colectivas e institucionales basadas en la buena fe, el juego limpio y el sometimiento a las normas legales y éticas. Fuera de ese contexto, en un medio donde tales principios no rigen, el voto pierde su esencia y razón y se convierte en un fraude.
Por lo antes dicho, el ejercicio legítimo del voto es incompatible con los sistemas autoritarios, dictatoriales y totalitarios. Estos sistemas utilizan el voto y se ufanan de ello con fines propagandísticos. Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Cuba y demás países que se rigen por sistemas de partido único, presidencia vitalicia, espíritu castrense, culto a la personalidad, control social, monopolio de la información, concentración del poder en pocas manos (una nomenclatura), que no toleran la disidencia y que no creen en la democracia, celebran elecciones periódicas en las cuales el máximo líder siempre obtiene la mayoría absoluta de los votos y es ratificado en el poder de por vida (Stalin, Lukashenko, Mao, Kim Il-Sung, Fidel, etc.)
El chavismo, cuyo modelo de gobierno se inspira en esos sistemas totalitarios, no ha logrado el dominio total de la población, pero en su empeño por obtenerlo ha ido socavando el ejercicio legítimo del voto. En 2016 desconoció el resultado de las elecciones de diciembre del año anterior ganadas ampliamente por la oposición, invalidando a la Asamblea Nacional surgida de ese acto. Ese mismo año impidió el referéndum revocatorio del mandato presidencial previsto en la Constitución Nacional. En los dos años siguientes (2017 y 2018) manipuló los procesos electorales de gobernadores, alcaldes y presidente de la República originando la abstención opositora para monopolizar el poder nacional, estatal y municipal, con el inmediato rechazo de los resultados a nivel nacional e internacional. En 2017 convocó ilegalmente una Asamblea Nacional Constituyente, integrada totalmente por partidarios suyos, para suplantar a la Asamblea Nacional legítima. Actualmente está llamando a elecciones para elegir la nueva Asamblea Nacional con un Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia, poder totalmente sometido al Ejecutivo, los partidos de oposición intervenidos, sus principales dirigentes inhabilitados y con todo el aparataje oficial listo para movilizar, lista en mano, a su clientela política y ocupar la mayoría de las curules.
En ese escenario el proceso electoral en marcha no es más que un teatro. Los que defienden la participación electoral alegan razones tales, como que la única salida posible es el voto, que no se pueden ceder posiciones, que la abstención no resuelve nada, que abstenerse es dejar el camino abierto para la arbitrariedad y la permanencia del régimen, etc., pero no dan ningún argumento que demuestre que votando en las actuales condiciones se evitan esos males o que, en su defecto, se logre algún beneficio. ¿Qué papel puede desempeñar la presencia opositora, de cualquier peso que ella sea, en el seno de la nueva Asamblea Nacional, si todas las anteriores representaciones opositoras, incluida aquella mayoría absoluta y calificada del año 2015, no pudieron hacer absolutamente nada, y por añadidura fueron ignoradas, irrespetadas, e incluso, brutalmente golpeadas (dentro y fuera de la Cámara) por las huestes vandálicas del chavismo?
La abstención ciertamente no resuelve nada, pero la participación electoral en un régimen dictatorial como el nuestro, ¿puede proporcionar algo que no sea conferir un barniz de legalidad a un régimen que carece de legitimidad y que nadie, salvo sus pares, se la reconoce?