Si algo ha quedado y quedará claro antes y después del 21 de noviembre, fecha de las elecciones regionales para gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y concejos municipales, es que las apetencias personales de algunos sectores de la oposición quedaron por encima de los intereses del país, razón por la cual aquellos que por las divisiones políticas se hayan convertido en puntales de derrotas electorales, permitiendo el triunfo del madurismo en estados y municipios donde, a pesar de los últimos ser una minoría de votantes, terminen con el triunfo en tales espacios de elección popular.
Por ejemplo, resulta inaudito que en los casos de las cuatro gobernaciones de oposición, es decir, Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta que fueron alcanzadas en 2017 con todos los escenarios en contra, incluyendo el abstencionismo, hayan sido precisamente algunos grupos de esa oposición los principales referentes atentatorios en los mencionados estados y la mayoría del país, no solo contra la unidad, sino que tal actitud política termina siendo condenable porque el régimen, a pesar de configurar entre 20% y 25% de votos máximos a su favor, sea tal cantidad porcentual, suficiente población electoral para alzarse de manera efectista con la mayoría de gobernaciones y alcaldías.
En tal sentido, hemos visto vídeos donde sin pudor algunos factores “opositores” dicen que tienen determinada cantidad en miles de dólares para derrotar a la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, sin mencionar para nada al oficialista Freddy Bernal, o en su defecto, ver cómo un octogenario exgobernador de Nueva Esparta ha empleado a diario sus emisoras y diferentes medios en el estado para atacar hasta de manera familiar al actual mandatario regional y aspirante a la reelección Alfredo Díaz, pero nada se escucha en tales espacios sobre las dramáticas crisis de energía eléctrica y agua que son responsabilidad directa del “protector” y candidato madurista, Dante Rivas. O sea, allí se puede ver, sin necesidad de profundizar ningún análisis político, cómo el régimen neototalitario ha infiltrado sectores dizque de “oposición” que solo juegan a la propia derrota, razón por la cual son precisamente esas situaciones las que desmotivan al electorado, y permiten que se generen los comentarios de cohabitación política en favor del madurismo.
Ahora bien, independientemente de lo que ocurra el 21 de noviembre, aunque el madurismo obtenga una victoria electoral por el número de cargos de elección popular que pudiera obtener, si la sumatoria de esos votos resulta inferior en la totalidad de los votantes, se convertirá en una derrota política, y se abrirá un espacio de lucha que comienza el 10 de enero de 2022, cuando oficialmente se cumple la mitad del período, y en donde el madurismo en esta ocasión con la Asamblea Nacional a su favor, no tendrá excusa política ni jurídica para evitar un eventual referendo revocatorio contra el actual mandatario de Miraflores.
En efecto, y lo que debería estar como principal tema en caso de reanudación de los factores políticos en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en México, es que no solamente se faciliten los requerimientos para la recolección de 20% de las firmas que activan tal derecho constitucional, sino que también dicho referendo sea válido para el ejercicio del voto de la población que ha emigrado del país, estimada en más de 5 millones de compatriotas, algo que seguramente el madurismo buscará colocar obstáculos por todas las vías posibles, intentando alargar los tiempos y evitando la concreción de semejante posibilidad porque conoce muy bien, que la mayoría de venezolanos en otras partes del mundo, no se han marchado de su patria por brindar apoyo a la manera de gobernar del neototalitarismo, y menos en la manera de haber destruido de forma económica y social a Venezuela.
Y aunque lo anterior debería ser el principal objetivo de la oposición a partir del 22 de noviembre, tampoco puede obviarse que tal proceso debe ser adelantando y orientado por los sectores victoriosos de esa misma oposición en las elecciones regionales, así como aquellos integrantes de la sociedad en el resto del país, que materialicen la necesidad de articular el referendo revocatorio con una solicitud activa desde la protesta ciudadana y que en el menor lapso posible el Consejo Nacional Electoral fije los lapsos legales que garanticen, tal como sucedió en 2004 contra Hugo Chávez, la realización del mencionado proceso electoral; y sobre el cual, el madurismo si dice ser “mayoría” en el país, no debería objetar ningún paso ni proceso administrativo, y menos político o “jurídico”, que concluyan en una fecha que no debería superar el primer semestre de 2022 para la ejecución de tan importante derecho que tienen los venezolanos para encontrar una salida a tan profunda y prolongada crisis.
La oposición que sea derrotada el 21 de noviembre, verbigracia, aquella que no teniendo oportunidad de triunfo se prestó para el juego divisionista y de ataque contra los propios aliados, si no se retira deberá ser sustituida por los factores emergentes, porque será evidente que su posición estará vinculada en ser colaboracionista para la permanencia del madurismo en el poder, o lo que es lo mismo, ya no podrán seguir disfrazándose de ser contrarios al régimen porque su actuación seudo-opositora quedará al descubierto.
Por lo pronto, el hecho que se logre una participación electoral en términos del 50% de promedio sobre la población, ya será una derrota para el madurismo y los abstencionistas. Los primeros porque saben muy bien que su margen de operatividad política ya no tiene más poder de crecimiento, y los últimos, porque se les habrá agotado el discurso de que con el voto no es posible la sustitución al régimen. Los venezolanos seguimos avanzando hacia la construcción y la renovación de los poderes públicos. Muy pronto, Nicolás Maduro y el madurismo tendrán que abandonar Miraflores y el poder político.