En la instalación del Congreso de Colombia, el pasado miércoles, senadores mostraron fotos de víctimas del conflicto armado | Foto EFE
El Poder Legislativo colombiano celebró el pasado miércoles su sesión de instalación para el periodo 2022-2026.
No bien se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro inició un proceso de acercamiento con todos aquellos que podían sumarse la causa izquierdizante de su gobierno, con lo cual eliminaba escollos y podía, con menos obstáculos, desactivar los desapegos a su propuesta de refundación de la nación.
Apenas el Centro Democrático, con Álvaro Uribe a la cabeza, decidió deslindarse a priori de lo que pueda venir durante la administración Petro. Decisión sabia: los demás partidos vendrán más atrás si no consiguen inocular algo de sindéresis dentro de las filas del Pacto Histórico que hasta esta hora se presenta con un galimatías propuestas de muy difícil comprensión.
Lo que siguió luego de un cuerdo y pausado discurso del mandatario saliente para la instalación del nuevo Congreso fue un caos del cual no vale la pena hablar porque no le agrega nada al análisis. Nada de lo que pueda enorgullecerse un pueblo como el neogranadino, que dio mucho de sí durante los meses que precedieron la votación presidencial para evitar lo que no se pudo evitar.
Cuesta imaginarse cómo se podrán fabricar acuerdos entre un universo tan variopinto de tendencias y de posiciones políticas controvertidas a la hora de decidir temas de tanto calado como un nuevo régimen de tributación, una reforma pensional, la reestructuración agraria integral, los ajustes normativos para lograr consolidar la ansiada paz, la reforma de la salud y la reforma de la educación. Todo ello, además, dentro de las estrecheces que impone un presupuesto altamente deficitario, una deuda externa tan voluminosa como 54% del PIB y la poca inclinación de los inversionistas a apostarle a la economía mientras el panorama se aclare. El Congreso tiene altos chances de convertirse en un verdadero saco de gatos antes de que el país se desordene y, de allí en adelante, gobernar por la fuerza estará en el orden del día.
Aún no se sabe cómo manejarán, dentro de ese conjunto de alianzas políticas paridas al fragor de los resultados electorales, las relaciones externas del país. Ya la administración Biden dio un primer paso de acercamiento. El principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, vendrá al país a tratar temas de seguridad y a intentar desarrollar un trabajo conjunto para reducir la violencia y combatir los grupos criminales, narcotráfico incluido. La tarea no será sencilla, pero tampoco lo ha sido antes y los gringos no abandonarán a Colombia.
Solo un nuevo elemento aparece en el panorama y es que los grupos armados ilegales, los clanes y paramilitares, han prometido, en carta formal anterior a la instalación del Congreso, una desmovilización a cambio del perdón de los crímenes del pasado, una verdadera piedra de molino a tragar. Y todo ello sin olvidar la promesa del exguerrillero-presidente de negociar una paz con el ELN y otra -aunque esa no la promete- con las disidencias de las FARC.
Hasta aquí lo dejo. Le apostamos a que ese Parlamento pueda servir de moderador de estridencias y de propulsor de buenas iniciativas dentro de un gobierno sobre el que se ciñen nubarrones. Por el bien de Colombia. Egoístamente por el bien de nosotros mismos venezolanos, quienes vamos atados a su suerte.