Van 14 días de la invasión de Rusia a Ucrania. La decisión de Vladimir Putin de seguir atacando y destruyendo todo cuanto sea posible para que la población civil huya aterrorizada a través de un canal humanitario es la estrategia en esta etapa de su guerra. Así, cuando las ciudades estén abandonadas, atacará por tierra a las fuerzas ucranianas que queden en el terreno.
No le ha bastado con su megaejército de 190.000 hombres para combatir al pueblo de Ucrania. También cuenta con las fuerzas bielorrusas y chechenas. Además, está reclutando combatientes sirios para la próxima fase de su ataque.
Las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos a los oligarcas rusos ―sus testaferros― no parecen mellar su voluntad de destruir la nación ucraniana. Como lo hizo en la ciudad de Grozni, Chechenia, en 1999 y en Alepo, Siria, en 2016.
Ante los “crímenes de guerra” cometidos por Putin desde la semana pasada, la administración de Biden y los gobiernos de la Unión Europea y el Reino Unido evalúan sancionar las empresas energéticas rusas. Esto supondría cortar de raíz la mayor parte de los 180.000 millones de dólares al año en ingresos, principal fuente de divisas del Kremlin ―la gallina de los huevos de oro―, y un misil directo a la línea de flotación del régimen de Putin.
Hasta ahora las sanciones financieras impuestas se han diseñado cuidadosamente para permitir que Putin siga vendiendo petróleo y gas al resto del mundo, pues podría desencadenar una recesión que acabaría afectando al ciudadano de a pie.
A los precios actuales, el Kremlin recibiría 25.000 millones de dólares cada mes por la exportación de petróleo y gas. Hay que tomar en cuenta que la Unión Europea es su principal cliente (40%), sobre todo Alemania e Italia. Esos recursos, definitivamente, le permitirían mitigar el impacto de las sanciones económicas impuestas de momento, así como seguir financiando la guerra en Ucrania.
No hay que olvidar, además, que este año habrá elecciones de medio período en Estados Unidos y un embargo petrolero a Rusia mal manejado representa una amenaza para el Partido Demócrata de Joe Biden. Es muy alta la probabilidad de que pierda la mayoría que tiene hoy en la Cámara de Representantes y el Senado por el precio de la gasolina y su impacto en la economía.
Esa es la razón por la cual Putin sigue escalando la violencia en Ucrania. Cree que los gobiernos de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos no se atreverán a sancionar la energía rusa porque originaría una crisis energética similar a la ocurrida por el embargo petrolero de los países árabes a Occidente en 1973, que provocó una crisis económica global. Entonces, el precio del barril de petróleo WTI aumentó 400%.
Ayer, la administración estadounidense tomó la decisión de prohibir la importación de petróleo, gas y carbón procedente de Rusia, consciente de que algunos aliados europeos no pueden tomar aún una medida de este calibre. El presidente Biden dijo: «No subvencionaremos la guerra de Putin» ―2.400 millones de dólares mensuales por la importación del crudo ruso―.
Sin embargo, la búsqueda de una solución disruptiva para contrarrestar el impacto de la reducción de la oferta rusa en el mercado petrolero mostró el dominio que tiene el ala liberal del Partido Demócrata en lo referente al cambio climático.
Considerar al régimen de los ayatolás y de Nicolás Maduro como parte de la solución y no a los productores estadounidenses y canadienses es inmoral, aunque sea realista dentro de la política exterior de Biden.
Creer que uno de los grandes aliados de Putin en la guerra contra Ucrania tiene autonomía para discutir la seguridad energética del Hemisferio Occidental deja muy mal parados a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sobre todo cuando proponen suavizar las sanciones sobre el petróleo venezolano, buscando reemplazar los barriles rusos sancionados por Washington.
La solución inmediata es con las empresas norteamericanas que han dejado de invertir en el desarrollo de la producción petrolera por la Revolución de Energía Limpia de Biden, que busca reducir las emisiones de Estados Unidos de gases de efecto invernadero para 2030 en 50% desde los niveles de 2005. No obstante, hay una oportunidad para incrementar la producción en 1.000.000 de barriles/día en el corto plazo, en los yacimientos no convencionales.
En el caso de Venezuela, la oportunidad es aumentar el bombeo en 200.000 barriles/día en las arenas bituminosas de la faja del Orinoco. Eso si lo asumen las socias de la empresas mixtas como Chevron y Repsol, entre otras. Para lograrlo tendrían que pasar a ser el socio mayoritario. De lo contrario no recuperarían las inversiones realizadas para tal fin, como ha ocurrido con los préstamos que le hicieron a la estatal petrolera Pdvsa en 2012.
Además, si Biden y su equipo apuestan a las arenas bituminosas de Venezuela, la mejor opción la tienen en Alberta, Canadá, que también cuenta con estas arenas. Y en este caso, la disponibilidad de crudo para las refinerías del golfo estaría en el orden de los 800.000 barriles/día.
Estados Unidos y Canadá podrían incorporar al mercado petrolero en un corto plazo 1.800.000 barriles/día.
Flexibilizar las sanciones a Pdvsa sería un error estratégico que proporcionaría un tanque de oxígeno financiero al heredero de Chávez y tendría muy poco impacto en el incremento de la oferta petrolera. Sería muy difícil de controlar el aumento del precio de la gasolina, un efecto que Biden intenta evitar a toda costa este año.
La guerra de Putin demanda todo lo que esté al alcance para derrotarlo. Sin embargo, hay que distinguir dónde están los aliados que defienden la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. El jefe del PSUV no se encuentra en ese terreno sino en el contrario.
Por lo tanto, Maduro no debería ser considerado un factor vital para sustituir el petróleo ruso.