En mi artículo de hace 15 días presenté un camino que puede contribuir a salir del caos en el que ha metido a Venezuela el socialismo del siglo XXI, y acelerar el crecimiento económico para generar prosperidad y avanzar hacia convertirnos en un país desarrollado. La punta de lanza de esta estrategia es aumentar masivamente la inversión en infraestructura, equipamiento urbano, en servicios públicos, salud y educación. Y cuando digo masivamente, estoy hablando de 6% del tamaño total de la producción económica del país (PIB), el doble de lo que invierten en promedio los países de América Latina. Esta clase de inversión producirá un gran impulso de demanda en el corto plazo y un aumento de productividad del sector privado en el mediano y largo plazo, con lo cual se incentivará un incremento adicional de la inversión privada, y se creará un círculo virtuoso de crecimiento que nos puede convertir en una nación próspera y pujante.
Pero, un momento: ¿esto es posible o simplemente una promesa ilusa? Prometí presentar dos ejemplos de países en América Latina que han seguido este camino y ofrecí comentar cómo les fue. Pues bien, los dos países son Panamá y Ecuador.
Empecemos por el caso de Panamá. Desde 2007 hasta 2019 el país invirtió un promedio de 6,3% del PIB en infraestructura y demás bienes del sector público, una cifra similar a la que proponemos. La inversión privada creció de manera fenomenal a 31% del PIB por año en ese período, comparada con el 19,6% del período 1996-2006, donde la inversión en bienes del sector público era mucho menor. En el período de inversión masiva 2007-2019 se produjo un salto del PIB per cápita de US$ 13.000 a US$ 32.800, llegando justo al límite inferior del PIB per cápita de los países desarrollados, como el sur de Europa. El salto de crecimiento per cápita fue la impresionante cifra de 152%. Una parte significativa de la inversión en bienes del sector público fue hecha por inversión privada.
Veamos ahora el caso de Ecuador. En el mismo período de 2007 a 2019 la inversión en infraestructura y bienes públicos fue en promedio de 10,8% del PIB, casi cuatro veces más que en muchos países de la región, una cifra comparable al promedio de inversión pública de China durante las últimas tres décadas. El total de la inversión la realizó el Estado, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Sin embargo, a pesar del tremendo esfuerzo de inversión los resultados en crecimiento económico fueron decepcionantes. En el período indicado el PIB per cápita creció de 8.300 a 11.900 dólares, un decente 43% de aumento, pero muy por debajo del resultado de Panamá que realizó la mitad de la inversión en bienes del sector público.
¿Qué explica la diferencia de resultados entre Panamá y Ecuador? Una clave se encuentra en el ranking Doing Business del Banco Mundial. En 2016 Panamá ranqueaba en el puesto 70 de los países en el índice, mientras que Ecuador estaba en el puesto 117. La razón del bajo ranking de Ecuador era la debilidad de los derechos de propiedad, las reglas abusivas y el intervencionismo del Estado con el sector privado, las dificultades para crear empresas y la falta de confianza y de previsibilidad en el futuro por la acción caprichosa y autoritaria de Correa. El sector privado se abstuvo de invertir en un ambiente de este tipo, mientras que, en Panamá, no solo se disparó la inversión privada, sino que el sector empresarial contribuyó a las inversiones públicas. Panamá tiene muchos problemas, pero no del tipo de Ecuador. En Panamá se respeta la propiedad privada y la economía de mercado, y se estimula el crecimiento empresarial y el emprendimiento. El crecimiento de las empresas generó empleo, se redujo la pobreza, creció la clase media y el país se acercó al límite de prosperidad de algunos países ricos. En este momento, Panamá es lo más parecido a un país desarrollado en América Latina.
Dicho esto, no es sorprendente que en Venezuela el autoritarismo anticapitalista, anti-mercado, antiempresarial etc. del socialismo del siglo XXI, haya despilfarrado y desaprovechado una oportunidad única a pesar de los ingresos fiscales por petróleo del orden de 1 millón de millones de dólares entre 1999 y 2019. Recibieron ingresos muy superiores a los que tuvo Correa. Al igual que el ecuatoriano, los socialistas carnívoros locales son antitodo, es decir, todo lo que no sea ellos. Pero al contrario del autoritario ecuatoriano, ni invirtieron ni entendieron lo que tenían entre las manos.
Para terminar, un detalle técnico dirigido a mis colegas economistas. Un incremento de inversión como el propuesto será por supuesto progresivo y aumentará en proporción al PIB en la medida en que se incremente el tamaño de la economía y la capacidad de inversión. Este impacto de gasto podría ocasionar presiones inflacionarias en el caso de que la oferta deprimida no pueda responder a la demanda generada por la inversión. En el caso de Venezuela, el problema central de la producción es la falta de demanda. El parque industrial está a 30% de su capacidad instalada, similar al resto de los sectores económicos. Otros problemas como deficiencias en el financiamiento, reglas económicas absurdas impuestas por el gobierno, el matraqueo y la desconfianza crónica en el futuro serán cosa del pasado una vez que un gobierno democrático e inteligente dirija los destinos del país. Por supuesto también se coordinará el impulso de inversión con las metas fiscales y monetarias para apoyar la estabilización de la economía, reducir la inflación y parar la devaluación crónica.
El país tiene esperanza de un futuro mejor. Un futuro en el que se superen mitos ideológicos decimonónicos y salgan del gobierno los malandros malacostumbrados al poder casi absoluto.
*Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de María Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID.
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