En mi anterior artículo, en El Nacional, formulé algunas hipótesis sobre el posible comportamiento del régimen chavista, con sus residuos de poder, frente al triunfo de Edmundo González, expresión de la voluntad de la soberanía popular. Las hipótesis enunciadas se basan en los hechos anteriores que demuestran el comportamiento reiterado y hacen predecible su realización, pues, deviene su concepción política del poder y de la sociedad. Mi idea no es defender, obsesivamente, tales hipótesis, pues, creo en la perfectibilidad del ser humano y que el ser racional puede reconocer sus errores y superarlos.
Traigo a colación el asunto debido a que en reunión con amigos se planteó el tema de la transición. Habían leído mi artículo, en su mayoría creían que el régimen no dejaría pacíficamente el poder y que a través de sus nichos de poder generarían conflictividad y sabotearían la acción positiva del presidente. Manifesté que mis ideas expuestas eran a título de prevención, planteando posibles salidas frente a a una irracional conducta de obstaculización a una acción positiva de gobierno. Considero que lo más adecuado es realizar un proceso transicional democrático.
Desde mi concepción de la persona y la sociedad rechazo la violencia. Todos somos iguales y poseemos dignidad. Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. La violencia que se ejerza contra las personas es una violación de su dignidad y la humanidad. El principio de humanidad, inscrito en la conciencia de cada persona y pueblo, conlleva la obligación de rechazar cualquier forma de violencia. Coherentemente con esta concepción creo que los problemas en el ámbito del ser humano deben ser resueltos mediante el diálogo sincero, siempre en función de la paz, la convivencia y cohesión social.
Cuando hablamos de transición entendemos que pasamos de una situación a otra diferente y mejor. De suerte que una transición democrática en el sistema político de un país, ocurre cuando se cambia de un régimen autoritario a uno democrático. Lo ideal es que sea un proceso pactado de convivencia y reconocimiento mutuo de los diversos autores. Esto supone una agenda moral y ciudadana que garantice el respeto, la igualdad, la protección y defensa de todos los ciudadanos. Obviamente, un primer paso, es la realización de elecciones libres y sin fraude; el segundo, debe ser el compromiso firme y responsable de respetar las reglas democráticas; tercero, compromiso y colaboración en el restablecimiento del Estado de Derecho.
La tarea para el nuevo gobierno es colosal. No se trata exclusivamente hacer tránsito a elecciones libres sino de crear las condiciones que hagan posible la reconciliación nacional, en el marco de superar la terrible problemática social y económica Se trata de realizar la justicia económica creando condiciones de mayor equidad e igualdad, bajo la guía del principio de solidaridad.
Una dificultad fuerte en la transición es resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala. Por un lado, está la urgencia de reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos, por el otro, la protección de los derechos de las víctimas, lo que supone la adopción de mecanismos de justicia transicional basados en tres principios fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Sin negar la posibilidad de acuerdos de perdón, impunidad y olvido, mediante leyes específicas de amnistía, lo cual implica cierto desconocimiento matización de los derechos de las víctimas y de normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Debemos tener conciencia que las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad, en consecuencia, un régimen democrático debe asegurar de que las violaciones no vuelvan a suceder, en caso que ocurra los victimarios recibirán el castigo previsto en la ley. Castigar al delincuente violador de derechos humanos no es un asunto de venganza sino de justicia y protección de la sociedad.
Por ética democrática debe establecerse un mecanismo de justicia transicional. Entendida esta, en forma amplia, como el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales encaminados a la reparación de las víctimas. Por supuesto, esto debe ser en el marco del Estado de derecho, lo que supone ausencia de persecución infundada para los victimarios, respeto de sus derechos humanos, garantía de sus derechos procesales. La experiencia histórica nos muestra que pueden existir acuerdos para ciertos crímenes. No obstante, no se puede prescindir de la individualización y castigo de los responsables de aquellos crímenes con total ausencia de escrúpulos, como la tortura, las violaciones y asesinatos de los presos políticos. Evidentemente, todo esto conlleva un acuerdo razonable transparente.
El autor es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional