El gobierno venezolano de Maduro está intentando introducir el petro como moneda de uso común en Venezuela. La principal razón, o excusa, para hacerlo es que a través de esta criptomoneda se pueden evitar las sanciones internacionales existentes contra la economía venezolana.
La propaganda gubernamental utiliza las sanciones como la razón principal del estado actual de la economía venezolana. No debería extrañarnos que incida en este argumento para justificar la utilización del petro.
Sin embargo, la introducción del petro tendría otras consecuencias que podrían ser desastrosas para la economía venezolana en el largo plazo.
En primer lugar, hay que decir que el petro es una criptomoneda de las denominadas “stablecoin”, es decir, cuyo valor está anclado, en este caso, a recursos naturales, principalmente al petróleo, como su nombre indica.
Esto quiere decir que cada petro deberá ir garantizado por unas reservas petroleras y que no se podrán emitir ilimitadamente, lo que hace que la moneda no sea tan inflacionaria. En cierto modo, este tipo de criptomoneda es como si fuera una moneda normal, pero está respaldada por petróleo en lugar de oro.
Bitcoin no es una “stablecoin”, sino que es una “verdadera” criptomoneda, es decir, no está respaldada por ningún activo sino que su uso se basa en la confianza de aquellos que la utilizan en que tendrá un valor de intercambio. Es una moneda descentralizada y no depende de ningún órgano político regulador.
El petro tendría dos problemas. El primero es saber si esa garantía petrolífera es viable. Hasta qué punto el propietario de un petro podría hacer efectiva, sobre todo en el corto plazo, su derecho sobre unas reservas aún no comercializables.
En segundo lugar, significaría la hipoteca de las reservas petrolíferas de Venezuela para muchas generaciones. Estas reservas ya no serían propiedad de Venezuela, sino que actuarían como garantía de los petros en circulación.
En cierto modo, es como si se vendieran, a fecha de hoy, las reservas de petróleo futuras de Venezuela. En el comercio internacional, asumiendo que hubiera siempre prácticas lícitas, solo comprarían petros aquellos países o ciudadanos que asumieran un elevado riesgo, por lo que, lógicamente, pagarían menos por él de lo que estuviera estipulado por las garantías ofrecidas.
En otras palabras, el petro puede abrir las puertas a la hipoteca de las reservas petroleras de Venezuela, o quizás, porque no decirlo, a su saqueo. Sobre todo, teniendo en cuenta la opacidad de las transacciones encriptadas que dicha moneda permitiría.
Además, también puede ser utilizada por el gobierno para ganar el favor de funcionarios y pensionistas que, a través de pagas extraordinarias, puedan recibir unos ingresos en petros que, sin embargo, no puedan ser sostenidos en el tiempo.