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En verdad, contestar esta pregunta es sencillo, bastaría decir “está integrado por militantes del partido de gobierno seleccionados por lealtad y no por méritos”. Pero, esto no nos dice nada del trasfondo que sustenta esa sumisión. El proyecto cívico-militarista que copió Chávez fue el anacrónico y fracasado modelo cubano. A esto lo llamó Chávez el socialismo del siglo XXI, pues el modelo socialista marxista había estrepitosamente naufragado. Fidel aprovechó para adoctrinar a Maduro y a unos militares e infiltró al Estado venezolano, desde los cuerpos policiales (inteligencia) hasta los mandos militares.
El objetivo que se plantearon los sigüises de Fidel era liquidar el Estado venezolano, que ellos denominaban liberal-burgués. Se trataba de crear un Estado omnipotente y controlador de la sociedad. En realidad, no había planteamiento de construir una economía socialista, sino destruir el Estado y sus instituciones e instaurar una oligarquía autocrática cívico-militar que fuese la base del nuevo Estado. Esta oligarquía controlaría el poder público con apoyo de las armas y los cuerpos de seguridad organizados con la experiencia y supervisión cubana.
El desmantelamiento del Estado de derecho venezolano constitucional e históricamente establecido imponía concentrar el poder para ir ajustando el ordenamiento jurídico al servicio de la oligarquía autocrática cívico-militar que se formaba mediante el asalto al erario nacional, obviamente, con cierta participación de algunos de la anterior oligarquía. El primer paso era eliminar los controles, esto de la división de poderes era cuento liberal burgués, de debía marchar hacia la unidad del poder estatal. Sin bullicio planificaron tomarse el poder judicial, puesto que la Constitución había consagrado el control de constitucionalidad. Esto significaba que cualquier arbitrariedad del Ejecutivo era cubierta de constitucionalidad por el TSJ-Sala Constitucional y cualquier aprobación legislativa contraria a la concentración de poder sería declarado inconstitucional. Tardíamente la oposición percibió ese hecho y sufrió su descalabro en 2015, con la designación de magistrados “express” y la exclusión de los diputados de Amazonas. Eso fue golpe de Estado, un poder o poderes derroca a otro poder. En ese momento se entronizó un TSJ al servicio del proyecto de la oligarquía autocrática cívico-militar.
El modelo implantado rechaza el control de constitucionalidad jurisdiccional. Véase que los jueces ordinarios que tienen el deber de hacer prevalecer la Constitución, en el caso concreto, mediante control difuso, no lo hacen, basta ver los múltiples casos de expedientes penales contra perseguidos políticos a quienes se les han violado sus derechos, especialmente, el debido proceso y los jueces, sin pudor alguno, avalan la arbitrariedad. En este modelo existe la preeminencia absoluta de la política. En nombre de la unidad del poder estatal se rechaza que la jurisdicción constitucional pueda contradecir el poder omnímodo de la camarilla gobernante, quien se abroga ser la expresión de la soberanía popular.
En estos días, a raíz del recurso del dictador Maduro ante la Sala Electoral, se inició un debate jurídico sobre el tema, todos con excelentes razonamientos en el campo de la argumentación jurídica, cuestión que me parece útil para el registro histórico y la doctrina. El problema es que no hay Estado de derecho ni un auténtico control de constitucionalidad. La única legalidad existente es la que ellos digan en beneficio de preservar su poder. La Sala Electoral, no hay duda, decidirá a favor del dictador y legitimará la decisión del CNE de Amoroso.
EL TSJ no es un órgano para la justicia, sino un instrumento para el control jurídico-político de la sociedad. El TSJ apoya el control del poder político de la pandilla gobernante, ejercido través del partido único ycon el sostén de la cúpula militar. El TSJ en vez de ser guardián de la libertad y asegurar el cumplimiento las los deberes y competencias atribuidas por la Constitución, es un mero instrumento del poder político concentrado y sus miembros acatan disciplinadamente las órdenes del partido, bajo el pretexto de unidad estatal, legitimando los desafueros de la camarilla gobernante. El TSJ avala el poder madurista con su agenda uniforme de terrorismo de Estado, presos políticos, tortura, exilio y narcoestado. El TSJ y la AN son productores de miedo, con juicios sin el debido proceso y con leyes fascistas. En estos momentos que el pueblo venezolano ha manifestado su profundo rechazo al régimen mediante el voto, han cerrado filas alrededor de la oligarquía autocrática cívico-militar, para garantizar el golpe de Estado a la soberanía popular y preservar el poder a la dictadura.
EL TSJ sabe que 88,6 % de la sociedad venezolana tiene absoluta desconfianza de su actuación y les rechaza categóricamente. Deben saber que su actuación contributiva a la violación de los derechos humanos, en forma sistemática y permanente, es enjuiciable ante la Corte Penal Internacional. ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional