Peligrosa desarticulación del Ejecutivo, con un gobernante que no gobierna.
El Congreso de la República tiene, además de las funciones legislativas, el control político de las acciones del Poder Ejecutivo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y funciones especiales para la designación de los titulares de organismos autónomos del Estado. Representa la democracia, pues en ella se expresa la voz de los ciudadanos. El control político se ejerce por medio de la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República, el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Este es el mandato de nuestra Constitución.
Pero nos enfrentamos a un Congreso de extraña conformación, con agrupaciones que no siempre representan los ideales por los que fueron elegidos, hecho agravado con las constantes movilizaciones de una bancada a otra. Hoy vemos que la bancada compuesta originalmente por 37 miembros elegidos para el partido de gobierno se ha fracturado en cuatro agrupaciones y uno de sus congresistas ha migrado a Podemos Perú. De los 13 parlamentarios de Renovación Popular, solo quedan 9, ya que 4, que representan 31%, pasaron a otras bancadas. El congresista Héctor Valer, originalmente asociado a la derecha con Renovación Popular, pasó a la bancada del Partido Somos Perú y luego se asocia con el partido de gobierno, convirtiéndose luego en el efímero primer ministro del gabinete de los 4 días. Bancadas como las de Podemos Perú, Partido Morado y Somos Perú parecen buscar su cuota de poder, al igual que Alianza para el Progreso, salvo honrosas excepciones. Acción Popular, partido de trayectoria y experiencia de gobierno, incluye en sus filas a personajes de dudoso proceder, algunos investigados, haciendo imposible predecir la verdadera línea ideológica. Tenemos cinco parlamentarios no agrupados y con estos difusos perfiles en la arena legislativa resulta difícil saber si el Congreso expresa la voz de los ciudadanos y mucho menos predecir el rumbo que tomará el país.
Las encuestas sobre la gestión pública muestran el rechazo al gobierno, con 19% de aceptación sobre la gestión del presidente y el Ejecutivo, cifra que continúa en caída libre. La población insiste en tres problemas prioritarios por los que demanda solución: erradicar la corrupción, inseguridad ciudadana y reactivación económica; temas que el gobierno de turno sigue relegando.
En este contexto, más que legislar, la principal función del Congreso debería ser la investigación sobre los asuntos de interés público, haciendo comparecer a los implicados ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Esto es lo que expresa la Constitución y lo que reclama la población. Estas acciones del parlamento se ven postergadas como consecuencia de la estrategia del gobierno concentrado en crear cortinas de humo con distractores para desviar la atención sobre acciones que ponen el peligro la situación del país, hecho corroborado por el decrecimiento del PBI, incremento de la inflación, ausencia de inversión, bajas expectativas de los empresarios, incremento de los conflictos sociales, entre otros indicadores.
Sabemos que hoy pagamos las consecuencias de la nefasta propuesta de Martín Vizcarra con la prohibición de la reelección parlamentaria. Tenemos un Congreso sin experiencia que se ha visto obligado a aprender sobre la marcha en un entorno político, económico y social convulsionado. Aun así, debemos reconocer los importantes logros de ese parlamento que finalmente pudo nombrar a los miembros del Tribunal constitucional y frenar la propuesta para la Asamblea Constituyente, entre otras gestiones importantes. Al respecto cabe resaltar la importante contribución de la doctora Gladys Echaíz cuyo perfil profesional y valiosa participación en el debate contra la Asamblea Constituyente es motivo suficiente para ser elegida presidente de la Mesa Directiva del Congreso, pero hoy presenciamos una pugna entre los partidos que buscan su cuota de poder sin tomar en cuenta las necesidades de la población.
En momentos en el que los poderes del Estado se han visto rebasados debemos reconocer que la función fiscalizadora no hubiera sido posible sin el trabajo de investigación realizado por los medios de prensa, por lo que la defensa sin tregua del cuarto poder es una de las más importantes misiones. En un Congreso que debe distinguir entre lo importante y lo urgente, deben abandonar el trabajo a distancia para concentrarse en la elección de la nueva mesa directiva, la inhabilitación de Dina Boluarte, la organización de un gobierno de transición ante la inminente destitución de un gobernante que ya no gobierna y la recomposición del sistema electoral, parecen ser los temas más urgentes.
Artículo publicado en el diario peruano El Reporte