Los aires que se respiran en las populosas urbanizaciones del 23 de Enero en Caracas y El Chorrillo en Ciudad de Panamá se asemejan, pero al mismo tiempo son diferentes. En contextos históricos diferentes, los dos barrios crecieron por la afluencia de familias trabajadoras. De esta manera, evolucionaron cada uno por su cuenta y desarrollaron identidades particulares y hasta una cultura diferente a la de la ciudad que las acoge.
El símil utilizado viene a propósito de lo que fue la caída del entonces dictador panameño Manuel Noriega y lo que será el desalojo del ex presidente Nicolás Maduro, quien usurpa funciones presidenciales desde hace más de 1 año. De esta manera, el 31 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América presentó el Marco de Transición Democrática para Venezuela. El plan de reestructuración política diseñado en conjunto con la Presidencia ad interim de Venezuela, tiene por objetivo establecer un gobierno de transición que organice y celebre unas elecciones presidenciales libres y transparentes, lo cual permita levantar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
La comparación entre el 23 de Enero y El Chorillo es aún mejor cuando nos referimos a acusaciones judiciales. En 1992, el entonces dictador panameño, quien fuera depuesto por una invasión militar estadounidense en 1989, fue condenado por la justicia estadounidense a 40 años de prisión por delitos relativos al tráfico de drogas. El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a civiles y militares venezolanos por diferentes delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y financiación del terrorismo. Entre las acusaciones presentadas recientemente por el Departamento de Justicia contra los líderes del régimen y aquellas contra Manuel Noriega existe un elemento que se mantiene: tráfico de drogas y financiamiento de grupos armados irregulares.
Un artículo publicado en 1996 por la Academia de Ciencias Políticas, titulado «La invasión de Panamá revisada: Lecciones para el uso de la fuerza en la era posterior a la Guerra Fría», describe y analiza el proceso que condujo a la invasión del país centroamericano. El documento profundiza en las diferentes crisis que atravesaron las administraciones en las cuales participó Manuel Noriega, primero como comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá y más tarde como dictador. El documento hace referencia a la actividad de Noriega como informante y como colaborador de distintas agencias estadounidenses de inteligencia y de seguridad. El elemento relevante del artículo es que durante años Noriega recibió de la Casa Blanca numerosos mensajes mediante diferentes actores, entre ellos Elliot Abrams y Michael Kozak (los mismos que hoy asesoran al Departamento de Estado para temas de Venezuela y del Hemisferio Occidental), los cuales pudieron haber resultado confusos para el dictador.
La confusión de Noriega, acerca de las decisiones que Washington tomaría con respecto a Panamá, fue tan alta que el dictador panameño nunca estuvo convencido de que una acción decisiva de Estados Unidos pudiera ser realidad, hasta que la invasión militar se produjo. Tal fue su convencimiento que Noriega solo alcanzó a refugiarse en la sede de la Embajada del Vaticano en Panamá, antes de ser aprehendido por soldados estadounidenses, para luego ser presentado ante la justicia de Estados Unidos.
Así como los líderes del régimen venezolano, Noriega disfrutó de un poder político e institucional ilimitado. Una mezcla de confusión y ambición lo condujeron a actuar con la convicción de que sus actos quedarían impunes. Es el patrón clásico de la impunidad, la disociación entre lo real y lo imaginario, para justificar la actuación fuera de la ley.
Tal como concluyó la declaración del Departamento de Justicia del 26 de marzo, los involucrados en los referidos delitos cometidos actuaron desde el inicio de la Presidencia de Hugo Chávez, con la certitud de que sus actuaciones quedarían impunes. Así como Noriega creyó que la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico le permitiría actuar impunemente, los líderes del régimen venezolano han confiado que su relación con Rusia y con China, basada en actividades económicas o en la autorización de actuar en la zona de influencia de Estados Unidos, les aseguraría la impunidad de sus acciones.
El artículo de la Academia de Ciencias Políticas precisa que la caída de Manuel Noriega, provocada por la invasión armada de Estados Unidos a Panamá, fue precedida de numerosas presiones políticas y diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que una intervención militar en Venezuela es una de la opciones sobre la mesa. Esta información ha sido maximizada por la opinión publica para impresionar a la ciudadanía y evidenciar la gravedad de la situación. Por su parte, el régimen ha utilizado esta amenaza para tratar de victimizarse ante sus seguidores y procurar que un sector de la comunidad internacional interceda por ellos, utilizando así la vieja teoría del imperialismo. También el régimen, bajo la excusa de una posible intervención militar extranjera y la necesidad de enfrentar cualquier plan conspirativo, reprime a la ciudadanía, persigue a los miembros de la Asamblea Nacional y de la Presidencia ad interim de Venezuela.
En el caso de Noriega, Estados Unidos intentó diferentes estrategias para disuadirlo de abandonar su cargo como comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá o para hacerlo renunciar después de autoproclamarse dictador. Durante años, tanto Noriega como oficiales militares y senadores estadounidenses creían que cada acción infructuosa solo otorgaba más poder y continuidad al dictador panameño. Esta presunción, sumada a la confusión generada por una aparente errática comunicación, fueron solo estrategias para lograr el objetivo establecido.
A pesar de la compleja actualidad, Estados Unidos intenta un protocolo básicamente similar. Presionar para una salida del régimen por cualquier vía. Envía numerosos mensajes a través de diferentes representantes. Ejecuta u ordena sanciones económicas y acusaciones judiciales. Trata que el propio orden interno del régimen se resquebraje. Invita a una sublevación de la Fuerza Armada para lograr una solución interna a la crisis que conduzca al cumplimiento del Marco de Transición Democrática para Venezuela. Envía un mensaje muy claro al actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido acusado de facilitar el tráfico de drogas pero que en un eventual gobierno de transición aún podría mantenerse en funciones. Sin embargo, el acusado no logra entender el mensaje.
Las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia, el plan político desarrollado por el Departamento de Estado, son acciones lógicas y coordinadas con la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro está cada vez más confundido y actúa de manera agresiva. En medio de esta confusión, el régimen sigue convencido de que no se producirá una acción militar en su contra. Estados Unidos también espera no tener que actuar militarmente aunque la opción está sobre la mesa, tal cual ocurrió a finales de los años ochenta al respecto de Panamá.
A finales de la década de los ochenta no había una pandemia universal, hoy día si. El desarrollo de los procesos judiciales contra los líderes del régimen podrían esperar unos meses y solo se acumularían más pruebas en contra de ellos. Sin embargo, una posible propagación del covid-19 en Venezuela, sumada a la deuda social y en el sector salud acumulada por la pésima gestión de los últimos 20 años de socialismo, obligan una acción inmediata.
No es deseable una intervención armada en Venezuela. Sin embargo, será el último recurso a utilizar. Hasta ahora, el régimen de Maduro se manifestó en contra de las acusaciones y del plan para establecer un gobierno de transición. Además, respondió de manera irresponsable a la decisión de la Casa Blanca de perseguir el tráfico de drogas justo frente a las costas marítimas venezolanas. Ello no indica que los soldados estadounidenses amanecerán mañana domingo en el 23 de Enero. Pero supone que nuevas iniciativas serán develadas.
El final del régimen está cerca. Los acusados por el Departamento de Justicia serán expuestos ante los tribunales estadounidenses y gozaran de años de prisión. Los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen serán investigados y condenados. No recuperaremos nuestros muertos ni lo que dejamos de vivir, pero tendremos una nueva oportunidad de reconstruir un país con un Estado de Derecho transparente, donde nadie esté por encima de la ley.