Pocos ejércitos, si alguno en el mundo, y con certeza ninguno en América Latina, puede presentar estadísticas más estremecedoras que el colombiano en las décadas recientes.
Catarsis
Según el informe Catarsis, entregado a la JEP, justicia diseñada en Cuba por el secretario del Partido Comunista español, 5.707 militares fueron desaparecidos, 18.841 asesinados fuera de combate y 316 secuestrados, con corte a 2016. De las 269.573 víctimas militares que registra el informe preparado por el Ejército y varias universidades, la JEP hasta ahora solo ha reconocido a 320.
Después de Afganistán, Colombia llegó a ser el país con más minas antipersonales sembradas en el mundo. Como consecuencia del empleo por parte de las FARC de estas armas prohibidas en el tratado de Ottawa de 1997, 7.829 víctimas son militares, pero solo 2.195 están reconocidas en el Registro Único de Víctimas. 71,9 % de los militares afectados, aún no pueden acceder a un sistema de reparación integral.
Por otro lado, según el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a 13.000 exnarcos terroristas farianos cuyas garantías asignadas en el acuerdo habanero vencían en agosto de 2019, esta administración se las prorrogó por tiempo indefinido. Es el proceso más garantista de todos los procesos de reincorporación en el mundo, asegura el funcionario, mientras en Colombia hoy se asesinan diariamente un promedio de dos miembros de la fuerza pública, por la espalda y en estado de indefensión.
Y la guerra política
Los resultados operacionales de las Fuerzas Militares y de la Policía son aprovechados retóricamente para desprestigiar las instituciones, minar su moral y entorpecer su operatividad. Los bombardeos, por ejemplo, legales y legítimos a la luz del DIH, son “asesinatos de niños” y cínicamente se exculpa a los terroristas del reclutamiento y presencia en sus campamentos de menores de edad. Imposible negar los “falsos positivos” por parte de miembros de la institución, pero la JEP especula con unas 6.400 ejecuciones extrajudiciales, sin nombres, fechas, lugares, como lo denuncia la candidata María Fernanda Cabal, una mujer de carácter. Este número arbitrario recuerda los 1.000 muertos de las bananeras de García Márquez (que no fueron más de 17, pero ”había que llenar un vagón…”) y los 30.000 desaparecidos durante la dictadura en Argentina (inventados, no como frivolidad sino como política, como confesó el exmontonero Luis Labraña). Ya se sabe: lucha política. La creación de una sala especial para militares dentro de la JEP, es más urgente que nunca y ayudaría a aliviar la desconfianza que la gran mayoría de colombianos siente hacia esa ilegítima supracorte profariana.
En reciente sentencia, la Corte Constitucional autorizó el linchamiento público de varios comandantes militares, con un afiche titulado “¿Quién dio la orden?”, pregunta que de por sí indica la incertidumbre de la situación. Sin un proceso legal completo, sin ser condenados en firme, se intenta estigmatizar ante la opinión pública los militares allí señalados, mientras los autores confesos de crímenes de lesa humanidad campean en el Congreso sin cejar en su lucha por el poder político, en paralelo con sus colegas que en la selva y con el apoyo de Venezuela, arrecian el terrorismo armado.
A pesar de esta campaña la institución militar del país neogranadino sigue siendo estadísticamente la más apreciada en el sentir nacional. En una reciente encuesta entre jóvenes, en un importante diario bogotano, a la pregunta “Que tanta confianza tienen en…”, la respuesta fue, tratándose de jóvenes, sorprendente: primero las iglesias con 43%, seguidas en segundo lugar por el Ejército con 42%.
Siendo la institución con mayor confianza y, por ende, con mayor piso político en el país, la evidente falacia política de su maldad puede pasar una cuenta de cobro muy dura, como lo seguimos advirtiendo.