Es una farsa que ejercen hoy los fascismos a diestra y siniestra para sustentar dictaduras tradicionales y totalitarias o frágiles democracias en peligro. Su objetivo es controlar la vida privada de sus víctimas con envoltorio de aspecto legal. Es uno de los métodos actuales que lento pero sin pausa destruyen logros democráticos al costo de siglos sangrantes para destronar Estados monárquicos, a su vez basados en normas religiosas de cada credo en el poder.
En Estados Unidos de Norteamérica, constitucional país democrático laico que ha servido de modelo para independencias anticoloniales en todo el hemisferio occidental, su Corte Suprema de Justicia es el organismo jurídico primordial constituido por nueve jueces que al margen de sus simpatías partidistas eran de ejemplar probidad neutra porque se remitían al texto constitucional primario, pero concertaban enmiendas exigidas por el entorno social en sus luchas para afianzar los derechos humanos individuales y colectivos, cambios para reforzar el sistema democrático, ahora, con el cisma trumpista, se politizan al extremo de borrar estos avances, dictan el regreso a la época de las milicias en la Conquista del Oeste en lo referido al libre porte de armas, las pautas electorales segregadoras que regían durante la esclavitud, el derecho al aborto y anuncian eventuales prohibiciones de matrimonios igualitarios y métodos anticonceptivos. De seguir esta ruta el Partido Republicano en su porción subversiva y racista, retrocede hacia las cuevas de la teocracia cuyos sacerdotes, reyes y dioses dictaminan totalitariamente cada detalle de la existencia individual en la sociedad bajo su dominio.
Pero Estados Unidos es genéticamente una democracia federativa proclamada en 1776 donde cada estado determina su conducta ante estas imposiciones judiciales no siempre jurídicas. Está en crisis, quizá su hora veinticinco, el chance definitivo para determinar si triunfará como siempre su Estado de Derecho que admite reformas. Su población votante actual se nutre cada día más de inmigración escapada de injusticias y crímenes con propaganda de revolución «progresista» como en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Chavezuela. Los inmigrantes anteriores y actuales detectan el mal y el bien avisando con premura y precisión.
Por su parte, el régimen castrochavomadurista de 22 años sí ha destruido de raíz a la democracia de cuarenta años. Vende el país a diario y con el mayor desparpajo, así lo vislumbró el dramaturgo venezolano Isaac Chocrón en 1966 desde su vanguardista obra dramática Asia y el Lejano Oriente. Su dirigencia ilícita de burocracia militarista es de teflón, material resbaladizo por donde excretan su narcorrupta naturaleza ilegítima. Un ejemplo reciente: en vísperas de 5 del Julio, cuando se recuerda la Declaración independentista venezolana firmada en 1811 únicamente por representantes civiles, Nicolás Maduro en persona suscribe acuerdos en la sede sacerdotal de Irán y declara que “su” país es y será socio seguro en comercio y activismo político de esta teocracia terrorista. El oro venezolano contiene elementos aptos para la fabricación de armamento nuclear y sustenta la lujosa joyería de alcance mundial que Irán comanda para sus ganancias del 75%, lo restante va para las cuentas personales del vendedor ladrón y sus secuaces.
Mientras, los venezolanos secuestrados y más de 6 millones afuera son despojados por igual de su suelo, riqueza minera de toda índole, cuna, domicilio, patio de recreos, escuelas, negocios, empleos, universidades, en fin, perdieron sus instituciones independentistas fundacionales. Y esa derrota del civilismo originario se celebra con bombos y platillos en desfiles de armamento mayormente chatarra comprado entre otros imperios a la Rusia del genocida Putin.
El fascio, en todas sus trampas seudolegales ejercido por extremistas conservadores del civilizado Norte y por selváticos criminales mafiosos de Centro y Suramérica confirman el sabio refrán: “Los mismos musiúes con distintos cachimbos”. Incrustados en democracias desaparecidas o debilitadas decretan la dependencia oficializada, léase Tribunal Superior de Injusticia con sede en Caracas. Los disidentes en Castrocuba ya no son fusilados, reciben por ley revolucionaria de vil garrote, tortura, cárcel y expulsión, como los centenares de manifestantes pacíficos el 11 del julio del año pasado.
Esta clase de violencia evita en lo posible la física agresión directa, a la vista. Se esconde en un leguleyo fijo carnaval macabro. Su daño corrosivo silente o registrado por escrito destruye la entraña misma de la libertad primaria indivisible, natural, inherente a la condición humana consagrada contra la barbarie por la ONU en 1948 en su Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero el show continúa, pues mientras la Corte Penal Internacional vigila, Fuerte Tiuna-Miraflores simula democracia permitiendo bailar, cantar, brincar, distraer, divertir al despojado contratando figuras internacionales y concediendo entrada provisional a los nacionales exiliados voluntarios, siempre y cuando no se toque al secuestrador verdugo ni con un pétalo de reclamo. Sumisión reprogramada.
¿ Y dónde quedó la justa justicia? Mediante legislación judicial no jurídica se volvió basura y ceniza. Sobre este lodazal se pretende continuar con diálogos, acuerdos y negocios.