Constituye un argumento manido señalar que las condiciones económicas y sociales de cada país son distintas y por ello sus administraciones funcionan de forma diversa y, a veces, en sentido contrario. Con no menor insistencia, se afirma de forma contundente que aquí las cosas son así, históricamente se justifican y en otros países las cosas son diferentes. Es nuestra cultura llegan a afirmar algunos, con una mezcla de cinismo y resignación, refiriéndose a episodios especialmente negativos de las administraciones.
Y, sin embargo, la realidad se encarga de demostrarnos que la corrupción, la falta de confianza en los gobiernos, la desidia, incompetencia y despilfarro en la ejecución de las políticas públicas, el patrimonialismo, la exacerbación procedimental o la lentitud en la prestación de los servicios, son características que lamentablemente atañen a todos los países de Iberoamérica con mayor o menor intensidad. Además, muchas de estas características se extienden a los países del mundo cuyo nivel de desarrollo económico y social es similar.
En perspectiva histórica, desde la aparición de las modernas administraciones públicas de raíz esencialmente napoleónica, entre las que se incluyen todas las iberoamericanas, es la situación generalmente extendida en el siglo XIX, donde los cesantes constituían una categoría social y la destrucción/construcción de la administración pública era un ejercicio cuatrienal o quinquenal.
Hace ahora 49 años, con el fin de luchar contra estas y otras lacras que constituyen un freno al desarrollo, Naciones Unidas auspició la creación de organismos internacionales que buscaran la modernización y el fortalecimiento del Estado, en definitiva, que funcionaran como acicate propulsor de nuevas prácticas estatales, más modernizadoras y justas desde el punto de vista de la eficacia económica y social.
Desde entonces funciona en Iberoamérica el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Fue fundado por tres países (Venezuela, México y Perú) y actualmente forman parte de él 23 países, abarcando ya tres continentes, puesto que además de América, pertenecen los tres países de la península Ibérica y también uno de África. Ha de destacarse que se trata de un organismo internacional con dos lenguas oficiales (portugués y español) que reúne a la totalidad de los países en que estas lenguas tienen carácter oficial en América y Europa.
Pese a las dificultades recientes producto de la pandemia, el CLAD ha impulsado sus actividades digitales con significativos alcances a través de todos sus medios de difusión, destacando la realización de las conferencias virtuales internacionales o webinar, que semanalmente llegan a cientos de funcionarios, académicos y personas interesadas en los asuntos de las administraciones públicas.
El valor de un organismo como el CLAD se basa en tres aspectos básicos: el contacto personal entre los dirigentes que en cada uno de los países tienen responsabilidades similares en materia de administración pública, los Encuentros de las Escuelas e Institutos de Administración Pública y el establecimiento de investigaciones y estudios como el índice de Gobernanza Iberoamericano. Desde el año 2020 hasta la actualidad, la institución ha alcanzado a más de 130.000 personas a través de sus canales digitales.
La transmisión de experiencias positivas entre los responsables de los países es una realidad desde hace, al menos, 49 años con la fundación del CLAD. Estas experiencias además se trasladan al mundo profesional, académico y científico mediante los Congresos del CLAD que este año celebrará su XXVI edición en Bogotá, Colombia, en noviembre.
Hoy, cuando todos anhelamos que la pandemia termine, los desafíos de fortalecimiento del Estado y de las administraciones públicas están presentes de forma relevante: con más recursos de salud y sanidad pública los daños podrían haber sido menores, la distribución de las vacunas más efectiva. También, y de forma no menos importante, la crisis económica que ha sumido en el desempleo a millones de personas y ha empobrecido aún más a las capas sociales más desfavorecidas, hubiera sido menos dañina.
¿Sirve una experiencia positiva de un país para otro? La respuesta es siempre sí, porque permite aprender de los errores y, especialmente, calibrar los senderos más seguros para llegar a metas que mejoren la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas. Muchas de estas experiencias son el objeto de debate entre los responsables de esta política pública que constituye la médula el funcionamiento del Estado.
Las administraciones son el vehículo por el que la política sirve a los ciudadanos. Si sus actuaciones son eficaces y efectivas contribuirán a mejorar la confianza ciudadana. Si por el contrario generan despilfarro, corrupción y fracaso, contribuyen a generar desafección y subdesarrollo en la sociedad. Por eso, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible reclama instituciones sólidas y eficaces.
@sgeneralClad