En perspectiva

El levantamiento de los controles de cambio y de precio en Venezuela marcó cambios que, pensaban algunos, inaugurarían la apertura hacia una mayor “normalidad” económica, capaz de superar las terribles penurias que han azotado al pueblo venezolano por tantos años. Reaparecieron muchos bienes importados en los “bodegones” que, cual hongos, brotaron en las principales ciudades. También los supermercados volvieron a llenar sus anaqueles con productos otrora desaparecidos, ahora bastante más caros. La economía detuvo su caída libre, llegando incluso a crecer el año pasado hasta en 4%, según algunos analistas. Como se sabe, no se publican cifras oficiales al respecto desde 2018. Para 2022, las proyecciones iniciales señalan la posibilidad de un incremento del 8%. Por otro lado, han pasado 6 meses seguidos con un alza general de precios de sólo un dígito. La hiperinflación quedó atrás. Se anuncia, asimismo, un incremento del salario mínimo y del bono de alimentación, desde unos 2 dólares al mes, a más o menos 30 dólares, que se comenzaría a pagar este mes (marzo). Hechos como la devolución de las instalaciones del Sambil La Candelaria a sus legítimos dueños indicarían, a su vez, que van quedando atrás las arbitrariedades que arruinaron al país bajo la bandera del “socialismo del siglo XXI”. Y existen augurios de una recuperación sostenida en la producción petrolera, ridiculizadas, empero, por la falta de criterio de Maduro quien, en declaraciones recientes, prometió que a finales de este año se estarán produciendo 2 millones de barriles diarios de crudo en Venezuela (¡!).

Es menester poner en perspectiva estos registros. Aun suponiendo que la economía creciera el año pasado en 4% y que cerrase el actual aumentando adicionalmente en 8%, su tamaño, es decir, el producto interno bruto (PIB) de 2022, apenas superaría la cuarta parte del de 2013. Y, aunque se haya superado la hiperinflación, la subida de precios del año pasado fue de 686,4% (¡!), la más alta del mundo. Por otro lado, el entramado legal de los controles existe todavía. No ha sido abrogado, sólo fue suspendida su aplicación. Y, con toda la alharaca en torno a la recuperación de la actividad productiva petrolera, esta, según cifras oficiales, no ha superado los 800.000 barriles diarios durante los primeros 2 meses del año, 27% de la producción en 2013.

No hay nada que indique que estamos ante los primeros pasos de un programa de medidas coherentes destinadas a crear las condiciones necesarias para reactivar la economía, como quieren creer algunos. Una muestra es la promulgación de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, según la cual se podrá pechar hasta 20% de los pagos realizados en moneda extranjera (o criptomonedas) “sin mediación de entidades financieras”. Lejos de promover la mayor actividad derivada de la dolarización de las transacciones o de otorgar créditos en dólares ―los depósitos de la banca en la moneda estadounidense casi duplican el monto en bolívares―, el gobierno parece buscar desestimularla.

Y es que el desplome de la actividad económica, incluyendo la petrolera, ha mermado drásticamente los ingresos tributarios y, estando el fisco en default, recurre a la emisión monetaria del Banco Central para cubrir el déficit en sus cuentas. La dolarización plena eliminaría esta posibilidad ―el BCV no imprime dólares―, obligando a cortar todavía más el gasto. Ya Maduro ha instrumentado una contracción drástica del gasto público, contribuyendo a contener la inflación, pero a expensas del mantenimiento de los servicios y de los sueldos del personal. Como resultado, las capacidades administrativas del Estado y sus posibilidades de producir los bienes públicos requeridos para atender a la población ―su responsabilidad central―,están postradas. De seguir con los recortes, se agravaría la situación de Estado fallido, arrojando costos aún mayores sobre la población.

Por otro lado, la estabilización del precio del dólar como instrumento antiinflacionario, sacrificando reservas y sobrevaluando el bolívar, ha tenido el efecto de aumentar la cantidad de dólares requeridos para cubrir el componente local, no transable, de la actividad económica. De ahí que los precios en dólares también aumentan, aunque no hay inflación en dólares en el mercado internacional. Por otro lado, con la penuria de ingresos provocados por el desastre económico infligido al país, el incremento del salario mínimo seguramente será financiado con mayor emisión monetaria, poniendo en jaque la estabilidad del dólar. ¿Podrá seguir bajando la inflación? Y no puede quedar fuera la acentuación de la inequidad que representa el hecho de que quien no tiene acceso regular a los dólares estará condenado a permanecer en las abismales honduras de miseria a las que lo arrojó el régimen de expoliación chavista.

La economía venezolana creció el año pasado ―o dejó de caer― y podrá crecer este año, por la sencilla razón de que tiene grandes potencialidades, pero que han sido reprimidas. Bastó con quitar la asfixia de los controles de precio y de tipo de cambio para que la actividad económica empezase a brotar. Es como si, de repente, se abriese una verja para que alguien pudiese enterrar una semilla en un terreno baldío, pero fértil. Emerge una planta. Pero, para que siga creciendo y haya muchas más, se requiere garantizar el agua, los fertilizantes y pesticidas, y que nadie vuelva a cerrar la verja o deje entrar animales que aplastarían el cultivo naciente. Llevando el símil con la economía más allá, se necesitarían inversiones para cercar el terreno, importar semillas certificadas y contar con la maquinaria y los equipos para extender el plantío, amén de la electricidad para operar muchos de éstos. El individuo tendría que adquirir los saberes necesarios para mejorar su cultivo y contar con los servicios de investigación especializados para prosperar (competir) en el tiempo. Y hemos dejado afuera de esta analogía todo lo concerniente a los desafíos de una comercialización eficiente, el financiamiento y la idoneidad de las instituciones para ello, y la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la confianza para acometer las inversiones y las innovaciones, que están en la base de un crecimiento robusto y sostenible.

Pues todos estos “aditamentos”, cruciales para una reactivación económica que se sostenga y devuelva a los venezolanos condiciones de vida dignas, están en buena medida ausentes en la Venezuela de Maduro. Pero no sólo eso, a pesar de algunos efectos cosméticos, como la detención de funcionarios acusados de narcotráfico y cambios anodinos en el Poder Judicial, sigue campante la arbitrariedad y el abuso de poder, como lo testimonian los centenares de presos políticos detenidos sin razón valedera, Roland Carreño y Javier Tarazona, entre otros. Y continúan las extorsiones en aeropuertos, puertos, alcabalas y en negocios y entidades diversas por parte de la Guardia Nacional, distintas policías y funcionarios ahítos por un “resuelve”, sin mencionar los grandes beneficiarios de la depredación de la riqueza mineral de una Guayana sin ley, de lo que queda de la industria petrolera y del narcotráfico, este último en alianza con el ELN y disidentes de las FARC.

Si, la economía venezolana podrá crecer. Pero podrá dejar de hacerlo si priva la arbitrariedad, con mayores controles, y la caza de rentas. Algunas actividades crecerán más que otras, algunas podrán desaparecer o disminuir aún más. Porque el entramado institucional para que el crecimiento se mantenga y beneficie a las grandes mayorías para asegurar un mínimo de justicia social que asegure la estabilidad social y política, ha sido desmantelado. Las condiciones para que prospere la actividad económica siguen siendo muy precarias. Es menester, por tanto, luchar por la restitución de un Estado de Derecho, con sus garantías jurídicas y procesales, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, así como garante de las demás libertades, para poder activar una ciudadanía protagónica en el ejercicio de sus corresponsabilidades de gobierno.

De lograrse la estabilidad y la confianza necesaria para generar una tasa de crecimiento del 5% interanual ―un supuesto negado de continuar el presente régimen― se tardarían 27 años en regresar al nivel de ingresos de 2013. De producirse un cambio político fundamental que reinstalase la democracia plena, permitiese la instrumentación de un programa de estabilización macroeconómica y de reformas que le devuelvan al Estado su capacidad de gestión, con el respaldo de un ingente financiamiento multilateral, este lapso se acortaría significativamente, dada la enorme capacidad ociosa existente.

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