¿Qué es en sí la descentralización?
Es un conjunto de procedimientos administrativos dentro de las políticas públicas que permiten al Estado venezolano transferir competencias a las gobernaciones y a las alcaldías al tiempo que se amplía la toma de decisiones, antes concentradas en el Poder Ejecutivo… «Tales iniciativas consisten en el desmontaje progresivo del centralismo gubernamental asociado a la administración de los recursos del país y a la distribución de la renta petrolera, la cual ha incidido en una injerencia indeseable en la economía…» (Márquez; 1992: 127).
Para los estudiosos de la historia venezolana y científicos sociales, “la centralización fue una respuesta a la situación política y militar, con el objeto de destruir a las montoneras y a cualquier intento de rebelión o de amenaza contra el régimen. Se consolidó al Ejecutivo (presidente y ministros) y al resto del aparato de gobierno. Se creó un ejército nacional con mandos desde la capital de la república. Se suprimieron las autonomías administrativas y se eligió a un Congreso dócil bajo los designios del presidente, quien también nombraba a los gobernadores de cada estado y de los territorios federales. La centralización fue el instrumento para someter al país, con el fin de mantener un sistema productivo basado en la renta petrolera, según los intereses de las compañías de hidrocarburos. Con un Congreso dominado, las leyes servían a esos grupos sociales y políticos enquistados en el poder, usufructuarios de los recursos del presupuesto de la nación. Con la centralización fue fácil controlar y mantener durante 27 años una dictadura, aunque se avanzó lentamente en la… «modernización del país, a costa de la autonomía de las regiones…» (Copre, 1991:71).
El 28 de diciembre de 1989, la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4153 materializaba la descentralización político-administrativa de la nación al permitir la elección directa de gobernadores, alcaldes y concejales. Venezuela daba un paso adelante en su proceso de madurez y establecimiento al darle el derecho a todos sus ciudadanos a elegir, ahora también, a sus representantes regionales (gobernadores y alcaldes). Finalizaba una vieja práctica, con la que el presidente de la República escogía, dentro de la militancia de su partido, a los gobernadores y alcaldes del país, muchos de ellos sin ni siquiera vinculación y compromiso con los estados y municipios que iban a gobernar.
Durante la dinámica económica de los años noventa se configura la crisis del modelo rentista de las élites que habían sostenido el desarrollo de la democracia venezolana. La aguda crisis de la deuda externa y la disminución de recursos por parte del Estado venezolano para cumplir los compromisos clientelares hicieron visible la necesidad de cambios en el modelo político y económico, mientras se incrementaron significativamente las demandas sociales, especialmente en términos de mayor participación en las decisiones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel local.
Emergía un nuevo proceso en los diferentes sectores que reclamaban mayor eficiencia y eficacia de las administraciones públicas, mayor descentralización para democratizar la toma de decisiones y la llamada democracia partidista. Son variados las discusiones, los debates y los análisis, pero se problematizan los acuerdos para continuar desarrollando la descentralización política y administrativa en el país.
Ahora bien, entre los objetivos de la nueva élite política que se ha creado en el ejercicio del poder desde 1999, se menciona con frecuencia el establecimiento de una nueva “geometría del poder”, aludiendo a un cambio estructural en la organización sociopolítica y administrativa de las unidades territoriales que hoy denominamos estados. Pero la comunicación no es clara y existen muchas dudas respecto a lo que esto significa. Se menciona la geometría del poder como uno de los motores que impulsarán la transformación del estado para la construcción del “socialismo del siglo XXI”, lo cual tampoco está claramente definido.
En reunión efectuada en el Teatro de la Academia Militar en 2004, Chávez alineó a sus alcaldes y gobernadores y les advirtió que, a pesar de no poder destituirlos, podía controlarlos. Los gobernadores y alcaldes chavistas habían perdido la mínima autonomía que les confería el haber sido electos; estarían al servicio de la revolución y de su líder. A partir de este momento se hizo explícito el objetivo que había que lograr en materia territorial: la nueva geometría del poder. Se propuso crear un sistema de ciudades y territorios federales transitorios, que darían paso a un sistema de vida comunal en el que no hacen falta los estados, juntas parroquiales, alcaldías ni concejos municipales, sino el poder comunal, como parte del Estado comunal.
Evidentemente que para avanzar había que consolidar y luego robustecer los consejos comunales, para derrumbar el proceso de descentralización como contrapeso del poder. Estos fueron creados en abril de 2006 para ser instancias de participación y articulación de organizaciones de los ciudadanos, que ejercerían directamente la gestión de las políticas públicas. Terminaron siendo un instrumento para el control social en el territorio. Una participación dirigida desde la presidencia.
La Asamblea Nacional sancionó la creación del Poder Popular entre octubre de 2010 y el 4 de enero de 2011. Chávez presentó lo que sería la sociedad ideal: aquella conducida por un Estado comunal que elimina todo tipo de contrapesos de poder e instaura una relación directa de los habitantes con el líder y el partido que lo apoya.
Los versados en temas constitucionales llegaban a sus primeras conclusiones: “Se trataba del montaje de un Estado paralelo, que no existía en la Constitución, sustentado en un paquete de instrumentos jurídicos –propio de toda dictadura– que definía un Estado socialista por el cual nadie había votado. El Estado comunal sería la forma de organización política y social con la cual el poder sería ejercido directamente por el pueblo, y que permitiría alcanzar la suprema felicidad de los venezolanos en la sociedad socialista, a través de las comunas. En definitiva, se trató de ir hacia un nuevo régimen territorial catalogado de socialista, que desplazaría paulatinamente a las unidades territoriales previstas en la Constitución de 1999”.
En síntesis, las megaelecciones traen intrínseco algo que costó mucho esfuerzo y trabajo: la descentralización del poder regional y local, además pretendiendo que en Caracas se resuelven todos los problemas de las regiones y no en los estados y municipios.
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