Cualquier solución política a la crisis nacional debe tomar en cuenta las premisas del gobierno de Joe Biden: una negociación entre los mismos venezolanos, facilitada por los gobiernos aliados de Estados Unidos y organismos multilaterales; que se selle con unas elecciones libres, justas y transparentes.
Además, ha dicho la Casa Blanca que mientras no haya señales concretas por parte del régimen de Nicolás Maduro para avanzar en una agenda que permita restablecer la democracia, seguirán vigentes las sanciones económicas –diseñadas para asegurar que el sucesor de Chávez y sus compinches no se beneficien de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan sus actividades criminales y la violación de los derechos humanos.
En otras palabras, para el gobierno demócrata de Estados Unidos la solución negociada debe incluir la elección presidencial y legislativa que permita acabar con el poder de facto de Nicolás Maduro y el interinato de Juan Guaidó.
Si no fuera este el caso, seguiría el statu quo por lo menos hasta las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en noviembre de 2022, porque lo contrario sería un riesgo para el triunfo de los candidatos demócratas (representantes y senadores) en el estado de Florida.
En consecuencia, la administración Biden mantendría el reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela con las implicaciones del caso, como es la disposición de la propiedad de los activos de la república bolivariana en el país del norte. Además, continuarían vigentes las sanciones económicas contra la estatal petrolera Pdvsa, en particular.
Estas condiciones permitirían que el próximo año en Venezuela se realice por lo menos un referéndum revocatorio presidencial, y si fuese el caso, los comicios presidenciales alrededor de la fecha de la elección intermedia estadounidense, para que Biden pueda asegurar unos resultados favorables en el Sunshine State.
Para satisfacer estas condiciones, el régimen de Maduro y algunos representantes de la oposición están actuando en dos tableros.
El primero excluye el interinato. Está integrado por el madurismo, los integrantes de la llamada “mesita” y el excandidato presidencial y exgobernador Henrique Capriles, antes líder de Primero Justicia, entre otros. Cuenta con el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez de España y el alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Lo denominaremos el tablero Borrell-Capriles para simplificaciones.
Hizo su primera jugada el pasado miércoles, cuando la AN que se constituyó después del fraude del 6D nombró los rectores del Consejo Nacional Electoral. Representantes del sector opositor, España y la Unión Europea salieron con la narrativa de que fue “un primer paso” para garantizar unas elecciones libres en Venezuela.
«Este proceso debe ser liderado por los venezolanos y debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, como piden los propios venezolanos», afirmó la UE. Mientras, Delcy Rodríguez, Henrique Capriles y Henri Falcón coincidieron en afirmar que la nueva directiva del máximo órgano comicial es “un paso más en la consolidación de las instituciones democráticas de Venezuela”; “un primer paso indispensable en la reconstitución constitucional y democrática”; y “un primer paso hacia el rescate de la democracia”, respectivamente.
Son los mismos actores, con la excepción de la vicepresidenta de Maduro, que solicitaron al heredero de Hugo Chávez el aplazamiento por seis meses de las elecciones legislativas, advirtiéndole que no reconocerían los resultados, ni a la Asamblea Legislativa que fuera elegida, si no se posponían los comicios. Cinco meses después dicen que este CNE, nombrado por esa deslegitimada AN, representa el “primer paso” para restituir la democracia en Venezuela.
El segundo tablero está integrado por el interinato, el madurismo, Noruega y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, principalmente.
Lo designaremos el tablero Noruega-Guaidó.
En marzo, el reino de Noruega culminó la etapa de conversaciones “pendulares” por separado con el régimen de facto y el interinato.
Este tablero se encuentra en el proceso embrionario de las negociaciones en el que tanto el oficialismo como la oposición nombren a sus delegados. La comisión estaría integrada fundamentalmente por políticos, con asesoría de la sociedad civil.
Dentro de este proceso embrionario, Guaidó planteó ayer un “Acuerdo de Salvación Nacional que debe surgir a través de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas, el régimen y las potencias internacionales”.
En ambos escenarios opera Jorge Rodríguez como actor principal del oficialismo. Es la persona que ha minado los diálogos anteriores. En esta ocasión, como presidente de la AN de Maduro, considera que tiene la oportunidad de inclinar los factores a favor de su jugada: ser el candidato presidencial del madurismo –sobre todo si Alex Saab es juzgado en Estados Unidos–. Sabe que el último movimiento en ambos tableros es la elección presidencial.
Un actor importante en ambas iniciativas es el papa Francisco. Hay que recordar que el primer papa jesuita ha participado en un tablero anterior de Capriles, inclinando el juego hacia el régimen de Maduro. Le pidió al entonces gobernador de Miranda que no avanzara con la gran marcha, “la toma de Caracas”, en 2016; la cual demandaba la restitución del hilo constitucional, es decir, el referéndum revocatorio presidencial.
Las jugadas estratégicas en los tableros Borrell-Capriles y Noruega-Guaidó marcarán la solución a la crisis política de Venezuela.
Por ahora, avanza con más rapidez el primero. Si se impone, podríamos estar asistiendo a una elección presidencial Rodríguez-Capriles en 2022, en la que partiría como favorito el presidente de la AN de Maduro porque las heridas en la oposición serán determinantes para que el exgobernador de Miranda no cuente con la unidad necesaria para ganar la partida.
Venezuela debate su futuro político en los tableros de Borrell-Capriles y Noruega-Guaidó.
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