Estamos en “cuarentena” original, impuesta y obligatoria, también voluntaria. Desde el 15 de marzo hay “cuarentena nacional”; cientos de miles, millones, decenas de millones estamos en cuarentena por la amenaza de la pandemia viral del flagelo conocido como covid-19 o coronavirus.
El país no deja por ello de estar partido en dos mitades: la inmensa mayoría de excluidos del disfrute de los cada vez más esmirriados ingresos nacionales por concepto de renta nacional, lo que equivale a 90% o 95% de la población vilmente empobrecida, zarrapastrosa, que apenas si alcanza a sobrevivir con menos de 2 dólares al día y, por otra parte el 5% de “boliburgueses”, “enchufados”, “revolucionarios exitosos”, “narcocamaradas”, miembros de la odiosa élite oligárquica y “burocracia rojo-rojita”, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que bajo el paraguas de ese bodrio pestilente denominado “alianza cívico-militar” se ha ensañado como pirañas voraces contra el erario público cual si fuera una vil e infame finca personal o un hato de pernocta de cuatreros y bandoleros.
La “cuarentena” antiviral da para la comisión (y omisión) de los más aborrecibles desmanes contra los más elementales dictámenes del sentido común; bajo la asquerosa inmunidad policial-militar se viola el sagrado recinto familiar y se pasan por el forro de la boina la inviolabilidad del hogar con el pretexto de búsqueda y captura de “terroristas” y “complotados” que atentan contra la paz pública nacional. El triunvirato anticovid-19 lo ejerce discrecionalmente Maduro (en calidad de primus inter pares), Delcy Eloína (vicepresidenta) y el minpopo de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, a la sazón hermano mayor de la vicepresidenta.
La tríada ejecutiva que hace el papel de “gobierno de facto” realizan durante los últimos quince días de lo que va de la pandemia cadenas por cualquier nimiedad y bagatela carente del más mínimo sentido de información para verter cifras de contagiados por coronavirus que generan más suspicacias y aprehensiones que credibilidad.
Antes del 15 de marzo las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos tenían contabilizadas alrededor de cerca de 400 prisioneros políticos en el país. Con la entrada en Gaceta Oficial del decreto que declara la “emergencia nacional por calamidad pública” ya no se sabe a ciencia cierta cuántos presos, detenidos, desaparecidos por motivos políticos hay en poder del Estado fascio-totalitario rojo. Pues, los periodistas y comunicadores sociales han sido uno de los sectores profesionales más golpeados por la represión y coerción física y la coacción política y psicológica (chantaje y amedrentamiento) contra los profesionales de la prensa y sus familiares para evitar que la información fluya y llegue hasta los más amplios estratos sociales de la sociedad venezolana.
Obviamente, las tiranías y regímenes obsidionales, tipo Corea del Norte son intrínsecamente proclives al férreo control monopólico de la información. China, Norcorea, Cuba y Venezuela son, a no dudarlo, paradigmas sociopolíticos de sociedades en las que se proscribe la libre circulación de la información oportuna y veraz. Venezuela es un modelo de sociedad regimentada en la que rige la opacidad informativa; la verdad periodística es severamente perseguida y criminalizada y posteriormente judicializada (penalizada) bajo el argumento de “asociación y concierto con el terrorismo”, “incitación al odio”, y, la perla de todos los delitos políticos: “traición a la patria”. Es en ese contexto que adquiere relevancia trascendente la tipificación antagónica de dos facciones o bandos irreconciliables; traidores y leales. Quienes disienten del logos autoritario y despótico de la racionalidad comunal y colectivista forzosa son catalogados “traidores a la patria” (apátridas) o antipatriotas. Para ellos todo el odio de clase; son merecedores de la “furia bolivariana” y sobre ellos recae la violencia institucionalizada del “huracán revolucionario” de las clases secularmente oprimidas por siglos de dominio colonial y neocolonial. ¡Papanatas!