El tema de las negociaciones en México ha dado mucho de qué hablar en los últimos días en Venezuela. Después de todo, pudiera decirse que el encuentro entre oposición y gobierno ha sido el evento que tal vez tenga mayor relevancia en la aletargada dinámica política del país de los últimos meses. Una dinámica que ha sido consumida no solo por sus elementos de alta predictibilidad, sino también por las variables propias de elementos tales como la pandemia, que le agregan al escenario político de la nación aspectos de mayor complejidad.
En todo caso, el encuentro en México se dio y como en toda manifestación del acontecer nacional fueron diversos los comentarios y pareceres. Algunos criticaron el acercamiento a ultranza, otros lo celebraron con entusiasmo. Unos más lo vieron con escepticismo y muy probablemente, una buena capa de la población ni siquiera haya sabido de la existencia de estos hechos, absorbida por la destructiva corriente de la pobreza, la ausencia de acceso a medios de comunicación y servicios públicos, y todo lo que implica el complejo transitar en condiciones de carestía en el día a día.
Un punto sobre el cual se debe reflexionar en este tema se relaciona con cuál debe ser la postura del sector empresarial frente a estas negociaciones. Ya hemos visto en las últimas semanas, especialmente a raíz de la visita de altos personeros del gobierno a Fedecámaras, que parte de los gremios empresariales del país han tenido como línea el acercamiento a las figuras del poder como parte de la estrategia a seguir. Nos preguntamos, ¿es eso suficiente? ¿Es el camino recomendable?
Pudiera argumentarse que el sector empresarial poco o nada tiene que ver con lo que se está desarrollando en México, que el proceso de negociación es esencialmente político, y que son los políticos los que deben llegar a acuerdos para destrancar el funcionamiento de la maquinaria institucional del país. De allí la esencia de estas conversaciones preliminares de hace algunos días y que se estarían retomando a principios de septiembre de este año.
Si bien la esencia del proceso estriba en el tema político (no hay que ser un genio para comprender que el problema venezolano es neurálgicamente político), no es menos cierto que parte de las conversaciones y de los puntos que se están llevando en la agenda tienen que ver con el ámbito de la economía, lo que vendría a traducirse directamente en el espacio de la gestión corporativa y empresarial del país.
Para el gobierno venezolano y sus representantes la eliminación de las sanciones es un punto de honor. Al menos en el papel. Para el sector opositor, sin embargo, el tema es más complejo. ¿Se hubiese sentado el gobierno venezolano a negociar si no hubiese habido sanciones? ¿La seudoapertura y flexibilización de facto-arbitraria de ciertos controles se hubiera gestado sin las sanciones o se hubiera continuado con la senda intervencionista que tanto ha caracterizado al llamado socialismo del siglo XXI? Son conjeturas que difícilmente tendrán una sola respuesta, porque los pareceres de quienes adversan al gobierno varían de forma significativa en cuanto al tema. Unos apoyan las sanciones, otros no. Algunos más se decantan por el perfeccionamiento de las mismas hasta tanto regrese la democracia al país, de forma tal que en el camino no sea la población la que sufra los mayores embates de las medidas.
Lo cierto del caso es que el proceso de negociación en México le brinda al sector empresarial una nueva oportunidad de mostrar su valor para el país. Son muchas las carencias estructurales que tiene la industria local que requiere de reformas imperativas. Modificaciones que van desde el marco regulatorio tributario y laboral, hasta el costo hundido de la paralegalidad que tanto letargo le causa al intercambio de bienes y servicios dentro de Venezuela.
Uno pudiera pensar que es más fácil llegar a consensos en este tipo de puntos. Después de todo, parece bastante razonable partir de la premisa de que existe un campo más fértil en el espectro político venezolano para permitir el bienestar empresarial que en otras áreas del debate político. Es más fácil garantizar condiciones mínimas para la reactivación industrial (que se traduciría en mayor calidad de vida para la población) que establecer los lineamientos para elecciones libres y el eventual abandono del poder, aspecto este último que difícilmente se ve por el catalejo.
De este modo, los empresarios pudieran aprovechar la oportunidad que les brinda el tablero político para alcanzar medidas que beneficien la dinámica económica. Medidas, eso sí, que deben ser tendientes a una mayor libertad y funcionamiento del mercado, y no al regreso de ciertas prácticas que ya en el pasado mostraron su ineficiencia para alcanzar el crecimiento y la modernidad. Tal es el caso de los aranceles, los cuales, paradójicamente, encarecen los productos para los ya empobrecidos venezolanos y generan un ciclo de clientelismo frente al Estado que difícilmente es el modelo de funcionamiento empresarial al que uno pudiera aspirar.
Los empresarios y sus gremios tienen así una valiosa oportunidad de hacer valer sus espacios e importancia de cara al país en medio de la coyuntura. Tal vez sus puntos no constituyan la esencia de la agenda política, y si bien a primera vista ello pudiera parecer una limitación, desde nuestro punto de vista práctico representa una oportunidad. Las partes suelen ponerse de acuerdo más fácilmente en aquello que no ven como puntos de honor ni prioridad. Tema aparte es hacerle comprender a los políticos que los empresarios son los titanes sobre los cuales se yergue el mundo. Pero esa es otra reflexión.