Somos uno de los países del mundo con los mayores niveles de importaciones. Se estima entre 45% y 75% los productos importados para cubrir el consumo nacional. Incluye desde materia prima, productos semiprocesados y mercancía ya lista para su venta o lo que se denomina productos terminados. Buena parte de los ingresos en dólares que se reciben por venta de petróleo, remesas, etc., son destinados a sostener estos elevados volúmenes de importaciones. Se estima que este año 2023 supere los 10.000 millones de dólares.
Si al menos se produjeran en el país dos terceras partes de los productos importados, se crearían más de 500.000 puestos de trabajo directos y hasta 1 millón de indirectos, al aumentar la capacidad de compra de los nuevos empleados y su efecto en los otros sectores económicos. Además, se lograría dar oportunidad a los jóvenes que necesitan trabajar y no tendrían que emigrar a otros países en busca de empleo.
Los sectores primarios y secundarios de la economía son los más afectados con estas masivas importaciones. Somos deficitarios en la producción agrícola vegetal y se importa la mayor parte del consumo en: soya, café, maíz, arroz, azúcar, leguminosas, etc. Al comparar los niveles de producción de hace 25 años con los actuales, es evidente que las tomas de tierras y de empresas procesadoras, causaron esa caída en la producción de alimentos. En la producción industrial se observa un declive importante, que los ubica por debajo del 40% y en el caso de los fabricantes de electrodomésticos y textiles, por debajo del 20%, así como automóviles por debajo del 5%. A esto habría que sumar la caída de la producción del conjunto de empresas industriales estatizadas, cuyo déficit obliga a importar parte de los materiales que han dejado de producir, lo que limita el crecimiento económico y del empleo al sostenerse los elevados niveles de importaciones para cubrir el consumo nacional.
La solución está en manos de los que conducen la economía del país, que insisten en sostener un modelo de producción mayoritariamente controlado por el Estado, causante de los altos niveles inflacionarios al tener el Banco Central que utilizar buena parte de los recursos financieros que emite para sostener las pérdidas de este conglomerado empresarial público que supera en los últimos 15 años los 100.000 millones de dólares, una cifra incluso superior a la destinada a las gobernaciones y alcaldías, con sus efectos en los niveles de desarrollo en las regiones.
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