El pasado 8 de abril, el gobierno en funciones promulgó un decreto que declara la emergencia económica, con el supuesto objetivo de mitigar los efectos de una «guerra comercial» liderada por Estados Unidos contra la comunidad internacional. Sin embargo, las medidas aprobadas en este documento, lejos de ofrecer soluciones sostenibles, podrían agravar la ya delicada situación económica del país. Es crucial que los ciudadanos comprendamos el alcance de estas decisiones, pues afectan directamente nuestro bienestar y el funcionamiento del Estado. A continuación analizo tres aspectos clave del decreto y sus posibles consecuencias.
El artículo 2 del decreto ordena la suspensión total de la aplicación y cobro de tributos. Aunque reducir la presión fiscal puede sonar atractivo, esta medida elimina de un plumazo los ingresos de las alcaldías, que dependen en gran medida de impuestos locales para financiar servicios básicos como recolección de basura, mantenimiento de vías y seguridad. Sin ingresos fiscales, los municipios enfrentarán una parálisis aún mayor, con consecuencias directas para los ciudadanos. En lugar de una suspensión abrupta, una reforma tributaria progresiva, que amplíe la base impositiva y reduzca tasas de manera selectiva, habría sido una alternativa más responsable.
El numeral 6 del mismo artículo establece «mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional» para sustituir importaciones. Esta medida, que debería ser una política permanente para fortalecer la industria local, se presenta como una solución de emergencia limitada a 60 días prorrogables. ¿Por qué esperar una crisis para priorizar a los productores nacionales? Además, el decreto no detalla cómo se implementará esta política ni qué sectores se beneficiarán, lo que podría generar incertidumbre entre fabricantes y productores que necesitan claridad para planificar sus operaciones.
Quizás la disposición más preocupante está en el numeral 10, allí el gobierno se otorga la facultad de autorizar operaciones de crédito público y ampliar los montos de endeudamiento sin aprobación de otros poderes públicos, como la Asamblea Nacional. Esta decisión no solo debilita la transparencia y los contrapesos democráticos, sino que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda nacional. ¿Cómo garantizar que estos recursos se utilicen efectivamente para mitigar la crisis y no para fines menos prioritarios? La falta de rendición de cuentas en un tema tan delicado como el endeudamiento público es un precedente peligroso.
El decreto de emergencia económica refleja una intención de responder a una crisis compleja, pero sus medidas parecen improvisadas y carentes de visión a largo plazo. Suspender tributos sin alternativas de financiamiento, vender como una medida de emergencia la sustitución de importaciones cuando debiera ser parte de la cotidianidad y autorizar endeudamientos sin supervisión no solo no resuelve los problemas estructurales del país, sino que podría profundizarlos. Los ciudadanos merecemos políticas económicas transparentes, sostenibles y consensuadas, que prioricen el bienestar colectivo sobre decisiones apresuradas. Lo prudente y recomendable sería promover un amplio debate nacional sobre el rumbo económico del país, antes de que las consecuencias de estas medidas sean irreversibles.
jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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