El último ataque del ELN fue perpetrado en una base militar de Arauquita
Fueron 29 los militares alcanzados esta vez por la explosión perpetrada por el ELN en una base en Puerto Jordán, Arauquita. 2 de los uniformados fallecieron y 7 están graves. La acción criminal fue preparada con minuciosidad durante mucho tiempo y su finalidad, la de siempre: presionar por la fuerza al gobierno para que acepte sus condiciones en las tratativas de paz que pretenden continuar con el gobierno y que permanecen en suspenso desde mayo de este año. La guerrilla del ELN había iniciado hace casi 2 años un proceso de tratativas para alcanzar un acuerdo de paz, pero a su medida. A inicios de este año las conversaciones se detuvieron por la imposibilidad del gobierno de dar satisfacción a las exigencias hechas por los alzados en armas. Se pretendía en ese entonces que Gustavo Petro los retirara de la lista de terroristas, entre otras cosas. Se había pactado un cese al fuego bilateral de un año de duración que venció en agosto de 2024.
El cinismo guerrillero es de antología. Ante el reclamo de Gustavo Petro por estos nuevos hechos de sangre acaecidos hace unos días, el jefe guerrillero Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, respondió que “aún en medio de las operaciones militares pueden continuarse los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción”.
Hechos de sangre como este llevan a quienes observamos el proceso a reiterar que los guerrilleros no albergan ninguna voluntad de pacificación del país y que los procesos de paz en los que participan y hacen participar a los gobiernos, a los testigos y a los facilitadores, no conducen sino a retrasar la desactivación del crimen que azotan a la población indefensa. Desde el fin del cese al fuego las fuerzas guerrilleras han perpetrado al menos 10 atentados en una manifestación sanguinaria de fuerza que sigue cobrando vidas y manteniendo espacios geográficos inmensos paralizados.
En esta ocasión el malestar de la guerrilla no proviene solo del cese al fuego que el gobierno no está dispuesto a reactivar sino al hecho de que la administración Petro se ha decidido a negociar también un acuerdo de paz con disidentes del ELN, es decir, con el Frente Comuneros del Sur que opera en el Departamento de Nariño, en la frontera ecuatoriana.
Otro elemento de desencuentro son las llamadas “retenciones de carácter económico”, eufemismo utilizado por el ELN para denominar lo que no es otra cosa que el secuestro de inocentes. Varias veces se ha comprometido este grupo a detener esta práctica criminal sin resultado alguno.
Es preciso señalar igualmente que la revista Semana reveló un informe en el que agencias de seguridad estatales indican que desde el cese al fuego se han detectado preparativos de acciones terroristas encaminadas a provocar un alto impacto por considerar que es propio el momento actual para desarrollarlas por el efecto que generan dentro de la población y las fuerzas activas del país.
Le agrega complejidad a este tema el hecho de que no existe una uniformidad de criterio entre los más altos representantes de la cúpula de los terroristas sobre las futuras acciones y destino de las conversaciones de paz. Tampoco la existe entre las filas de los elenos en territorio colombiano y sus representantes del otro lado de la frontera. Los desencuentros son grandes entre ellos y son aún más profundos cuando se toman en consideración los intereses de las fuerzas que están apoyadas por el régimen de Maduro.
Así las cosas, no se avizora, en el panorama próximo, un atisbo de disposición de parte de los criminales a involucrarse con determinación en un esfuerzo de pacificación que cambie el rumbo de la violencia en el país vecino.