Foto: JUAN BARRETO / AFP
“El Estado es la personificación jurídica de la nación soberana”. Adhemar Esmein
Mucha gente conversando se interroga sobre qué nos tiene reservado el proceso electoral para elegir presidente el venidero domingo 28 de julio próximo.
Frecuentemente escuchamos las hipótesis más variadas, pero lo paradójico es que lo que deberíamos pensar que ha de pasar, no es la primera de las conjeturas.
¿Qué debe acontecer en unos comicios para elegir presidente? Pues que sea electo y reconocido su triunfo por todos y ello incluye sus adversarios. La anormalidad sería que así no fuere y por alguna vía de hecho se desconociera el resultado o más precisamente, la decisión del pueblo soberano.
En cualquier país serio y con instituciones consistentes eso no sería posible, pero ya vimos a Trump negándose a aceptar la victoria de Biden en 2020 y peor aún, instigando a sus partidarios a hacer lo que hicieron con el congreso y que, al parecer, quedará impune.
Todos los métodos de exploración de los pareceres e intenciones del votante venezolano que los estudiosos y encuestólogos han realizado, sin ninguna excepción, dan ganador con abultado margen a su favor, al candidato opositor Edmundo González Urrutia, pero no solo se trata de vencer al continuismo representado por el candidato y gobernante Nicolás Maduro sino someter a lo que he denominado el “estadopsuv.”
Entonces, cabe una reflexión sobre los distintos escenarios que podrían presentarse y las repercusiones de ellos. Tratando en el ejercicio, no obstante, solo de examinar supuestos que están en la hipótesis de que el cuerpo político tiene el derecho de considerar, aunque ya al hacerlo se mueve en la anomalía, en la inconstitucionalidad, en la ilegalidad y en la ilegitimidad.
Anotamos arriba que el que gane la contienda debe ofrecérsele el trato que le corresponde, como presidente y acompañar la secuencia propia del traspaso de la primera magistratura. Eso es lo que debe pasar y esperan los coterráneos y el mundo civilizado.
Se convierte por obra de la soberanía, de la expresión del pueblo libre y dueño de su destino, en jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Deviene en presidente electo hasta que se cumpla el ritual y asuma ante la representación nacional esa altísima dignidad mediando el juramento de servir bien y fielmente los deberes que constituyen al mismo tiempo las competencias que le son atribuidas al presidente y la primera de ellas, la recoge el artículo 236 de la CRBV: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.”
Empero, eso ya lo sabemos, la interrogante es, ¿quién y quiénes están obligados ante la CRBV y la ley a salvaguardar la institucionalidad y la constitucionalidad? La respuesta es sencilla, los funcionarios que constituyen los poderes públicos y la Fuerza Armada Nacional, por cierto, llamada a asegurar no solo la integridad territorial sino la institucionalidad.
También sabemos que así ha de ser, pero y, ¿si no es así dónde estaríamos? Ante el quebrantamiento, la violación, la transgresión del marco legal del estado y la vulneración del principio de que la soberanía reside en el pueblo y por ende, cualquier acto en esa dirección es además ilegítimo.
Los regímenes autocráticos y en general los autoritarismos, no se atienen a la normativa y como ocurre en Nicaragua, no se gobierna con la ley sino con la orden del tirano y es bueno recordarlo, todos los valores democráticos y la soberanía misma resulta conculcada.
La paz no tiene cabida en el desorden y la injusticia y la estabilidad solo se pretende asegurar en la represión de los conciudadanos y la supresión de sus derechos. Esto no es y no será sostenible.
Ojalá sepa cada cual, concernido de alguna forma por esta dinámica, reaccionar responsablemente porque, y lo digo firme y serenamente, ese golpe a la soberanía y a las instituciones empujaría, todavía más, contra las rocas y la desfiguración total a esta patria que no merece el desastre que le ha tocado padecer.
Debe estar dispuesto, sin embargo, el presidente Edmundo a trabajar en procura de darle viabilidad a la salida de los que han gobernado pero ya no tienen respaldo ciudadano sino que se les ordena dejar en otras voluntades la institucionalidad pero, el diplomático suele saber negociar. ¡Que así sea!
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