Avanza sistemáticamente la tesis que se ha vendido, consistente en que la solución a los problemas venezolanos es por la vía electoral sin importar que se hagan concesiones mutuas con el régimen, haciendo abstracción de la usurpación presidencial, de un gobierno transitorio y de un sistema electoral no confiable. Solo priva la tesis de negociar, aceptar la intervención de gobiernos interesados y negociar con Cuba la conciliación, bajo los auspicios del gobierno de Canadá.
La propuesta básica es de “convocar elecciones parlamentarias” excluyendo las presidenciales organizadas por el régimen con la presencia del usurpador mayor. Todo ello a espaldas del venezolano común, estimulado por las presiones internacionales y de quienes dirigen al país desde dentro y afuera, es decir, a los cubanos que invadieron el país y toman acciones ejecutivas, y a los responsables de la geopolítica como son Estados Unidos y Rusia-China, los cuales son los tienen la acción decisoria.
El acuerdo comienza a concretarse con la designación de los directivos del CNE con unos supuestos independientes que han negociado y representan al régimen con la estrategia de cambiar la opinión pública para que los venezolanos voten masivamente las parlamentarias sin considerar que el régimen ha secuestrado los poderes públicos.
Nadie duda de que el CNE es un brazo armado del régimen y que su actuación fraudulenta ha sido cuidadosamente planeada para dar ciertos toques de legitimidad al sistema de gobernanza, pero no hay pueblo u organismos nacionales e internacionales que sean conscientes de que se falsificaron las elecciones presidenciales, que ha sido declarado formalmente gobierno usurpador, incluyendo la nulidad del sistema electoral al igual que sus procedimientos informáticos.
No se duda que se necesita una nueva estructura electoral en manos de personalidades impolutas, independientes, y no una camarilla de incondicionales del régimen como los personajes siniestros que ya han sido anunciados públicamente que pretenden asumir un proceso electoral cuyos sistemas, por cierto, ya han sido perfeccionados como hechos cumplidos con la intención de elegir a una AN que no representará a nadie sino a los intereses de un dictador cuyo objetivo final será darle legitimidad a su gobierno usurpador.
Se inicia de esta manera una nueva etapa en el equivocado camino de elegir un nuevo Parlamento con la presencia del usurpador mayor, en un proceso que muestra las debilidades de su propia concepción y surge la pretensión de que al fracasar las presiones para la elección presidencial se desate una campaña propagandista masiva para hacer que la población participe mayoritariamente bajo el señuelo de que se dará un vuelco definitivo al modelo político.
Falsa premisa que mantendrá el estado de cosas en Venezuela y se profundizará la instrumentación del perverso modelo ideológico operado por Cuba bajo las manos de países antidemocráticos en detrimento de la libertad y la democracia, a despecho de los intereses de los países democráticos que verán el expansionismo ruso-chino crecer en influencia en las Américas.
La inconsistencia de la estructura electoral va mucho más allá de una simple directiva que tiene alcance nacional, que requiere cambiar directivas regionales y sistemas que han sido declarados formalmente nulos ante instancias internacionales, incluido el uso del sistema automatizado de votación y de escrutinio para la elección de cargos de representación de los poderes públicos.
En resumen, se requiere mucho más que organizar unas elecciones parlamentarias, las cuales estarían condicionadas a una serie de variables, siendo la más importante la salida del usurpador mayor. Entre otras están la designación de una estructura nacional y regional del Poder Electoral y, como si fuera poco, llevar a cabo correcciones sobre la identidad de cada venezolano o extranjero habilitado para votar: verificar las actas de nacimiento, digitalizar biométricamente su identidad, actualizar direcciones domiciliarias, excluyendo a fallecidos e inhabilitados judiciales y un sistema de votación fundamentalmente manual con preeminencia del voto físico.
Es prioritario resolver el asunto del Registro Electoral que deja afuera a los electores que han emigrado, a quienes se les pondrá difícil actualizar los datos y el régimen pondrá todos los obstáculos para no dejarlos votar en una eventual elección. Así mismo, resolver el tema relativo a los nuevos votantes sin inscripción, el de los 2,5 millones de cédulas de identidad falsas y el imprescindible ajuste de los circuitos electorales que han sido manipulados, igual que el sistema informático, obligando a usar elecciones manuales.
Estas decisiones ajustadas al marco constitucional condicionan el ejercicio del poder mediante el nombramiento de un presidente interino al cese de la usurpación, a la designación de un Consejo de Gobierno y a la sustitución de un sistema electoral corrompido por otro, verdaderamente transparente y representativo, con supervisión internacional. Nada de esto se ha cumplido para ir a un proceso electoral pura y simplemente de conveniencia política de los partidos políticos cuyos dirigentes ignoran la Constitución, leyes y sentencias de un TSJ legítimo que ellos mismos designaron.
Todo este montaje no resolverá el problema grave que enfrenta Venezuela y su influencia directa hacia los países de la región. La solución se nos salió de las manos y está en otras, caracterizada por la confrontación entre países democráticos y no democráticos. La geopolítica adquiere dimensión de primer actor y las estrategias particulares del sistema político venezolano se convierten en parches mal elaborados, limitantes para resolver los graves problemas nacionales y de irradiación ideológica perversa en el continente.
Frente a ese entorno, el venezolano se ha expresado. Se habla de una altísima proporción de venezolanos opuestos al sistema, revelado en la actuación doméstica de los ciudadanos, pero no todo se puede ver a la luz de las encuestas que revelan esta postura frente a los desmanes dictatoriales, y el abuso de los poderes públicos.
Es necesaria una gran presión popular para enfrentar estos desmanes, incluyendo la manifestación de su opinión formal y razonada a través de un plebiscito que ponga en claro ante la opinión nacional e internacional la repulsa popular al régimen. La declaratoria de la mayoría de la población es importante en cuanto a que el usurpador debe irse y que se debe crear un verdadero gobierno de transición, constitucionalmente amparado bajo una dirección que se deslinde de los partidos políticos, que se cree un gabinete de transición y un Consejo de Gobierno integrado por fuerzas vivas representativas de la población.
Es imprescindible movilizarnos, vamos a una consulta intensa, masiva, mediante una consulta popular vinculante organizada por la sociedad civil de manera independiente y sin ataduras para demostrar al mundo que los venezolanos repudiamos este régimen, que se tiene que ir y no permitir aunque sea por la fuerza de coaliciones internacionales que el crimen organizado y los intereses económicos de las mafias y de gobiernos no democráticos continúen explotando y subyugando al pueblo venezolano.