OPINIÓN

Elecciones libres y auténticas: alerta internacional

por Víctor Rodríguez Cedeño Víctor Rodríguez Cedeño

El derecho a elegir es un derecho humano inalienable, intrínseco a la dignidad de la persona. Un derecho que no puede ser condicionado o sometido a limitaciones arbitrarias, como las que ha mostrado el régimen los últimos días, ante la derrota que saben sufrirán en 2024.

Es un derecho consagrado y recogido en instrumentos internacionales y en la Constitución Nacional. En la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 21) se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos en condiciones de igualdad, a las funciones públicas y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, una voluntad que se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, lo que reafirma el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Constitución Nacional en sus artículos 62 y 63 en los que se precisa que “el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

El régimen en el ejercicio pleno de su naturaleza de forajido intenta por todos los medios obstaculizar el proceso electoral. Se inmiscuye groseramente en los asuntos propios de la oposición, ofreciendo “apoyo” para la organización de las primarias midiendo las consecuencias que ello puede tener en la confianza y las expectativas del elector. Además, mediante actos y omisiones impropios, el régimen complica la participación ciudadana en este proceso, al atar a formalismos perversos la cedulación, un paso esencial en el ejercicio del derecho al voto, al mismo tiempo que complica la actualización del Registro Electoral Permanente, cerrado desde hace meses, en el que no se pueden inscribir los nuevos votantes, impidiendo así que estos puedan expresarse y escoger libremente el retorno a la democracia.

El régimen sabe que la inmensa mayoría de esos nuevos electores votará por la democracia, por la recuperación del orden y para poner fin a este período nefasto de nuestra historia, caracterizado por la corrupción, las arbitrariedades, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, la destrucción del país y la entrega de nuestra soberanía a potencias extranjeras.

Tal como lo precisa la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, la que ahora pretende modificar el autoritario y desubicado presidente mexicano López Obrador, “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Los ciudadanos tienen, como lo precisa el mismo instrumento internacional, el derecho y el deber de participar en el proceso político para fortalecer la democracia.

El régimen viola los derechos humanos. Lo sabemos. Más de 250 presos políticos, civiles y militares, sometidos a torturas y tratos inhumanos y degradantes en las cárceles de la dictadura, en los sitios del terror. Viola además, lo sabemos también, los derechos económicos, sociales y culturales (salud, alimentación, vivienda, educación) cuando se impone y discrimina, dando trato desigual a los venezolanos por razones políticas o ideológicas.

Ahora pisotea nuestro derecho a elegir y decidir nuestro destino, lo que debe preocupar a la comunidad internacional. Si no hay una elección libre, justa, auténtica, que refleje la voluntad popular, estaremos de nuevo ante un gobierno de facto que requerirá una posición de rechazo firme de la comunidad internacional, que debe pronunciarse y ejercer mayor presión, incluso intensificar y ampliar las sanciones para que el régimen permita la organización y realización de elecciones libres y auténticas y respete los resultados.