Siguen siendo el camino adecuado, para la recuperación de la legalidad democrática venezolana, para la reconstrucción de la productividad de nuestra economía y para avanzar en la superación de la miseria actual de nuestra sociedad.
Ignorar las nuevas agresiones desarrolladas por el Ejecutivo en contra de los derechos económicos, sociales y políticos de nuestros ciudadanos resultan completamente inocultables, son verdaderas agresiones a la libertad y al bienestar.
No es cierto que el nuevo Consejo Nacional Electoral es democrático, como tampoco es verdad que se respetaron los mecanismos constitucionales que permitían hacerlo, pero además es necesario señalar que la “buena voluntad” de alguno de los presentes pueda derrotar el ventajismo gubernamental.
En esta ocasión el gobierno madurista ha profundizado el asalto a la legalidad, claro indicador de su profundo temor al rechazo popular, y apoyado en el poder fáctico de la violencia institucionalizada del Estado ha intervenido otras dos organizaciones partidistas, tanto AD como PJ han sido sometidas a la trampa que vive y sufre Copei desde hace varios años.
La normalización de la vida económica y social de la República sigue siendo hoy día una extraordinaria exigencia política, dada la profundidad y extensión de sus crisis, deterioro que ha tocado el grueso de su infraestructura y de los aspectos más relevantes de la administración estatal.
Hechos que apuntan con mucha claridad al fracaso del estatismo autoritario populista y corrupto, que se ha tratado de imponernos como política de Estado, problemática que debemos definitivamente resolver.
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