El 14 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, luego de que el 12 de septiembre las internas hayan arrojado un contundente triunfo en las urnas para la coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC). Existe un repertorio de razones que pueden haber llevado a la derrota del oficialista Frente de Todos (FdT). Al margen de que los oficialismos en pandemia han venido perdiendo elecciones, en Argentina la crisis se tornó más que crítica en los planos económico, social y ético.
Una cuarentena estricta, prolongada y obligatoria impactó en el cierre de miles de PyMEs, el desempleo continuó creciendo, la pobreza y la indigencia siguieron escalando (se estima que casi 50% de la población ya no puede acceder a la canasta básica y que 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres). Al mismo tiempo, las medidas gubernamentales para hacerle frente a la crisis sanitaria no pudieron lograr los resultados esperados. Argentina se encuentra entre los países con más muertes por cada millón de habitantes a razón del covid-19. Y la inseguridad crece.
Frente a esta situación, no faltaron los privilegios para personas cercanas al gobierno que recibieron vacunas antes de tiempo, o celebraciones de los amigos del poder político, incluido el mismo presidente en época de cuarentena total. A esto, se suma la que probablemente sea la causa número uno que hoy preocupa a los argentinos: el constante y excesivo aumento de precios. Así, la inflación se encuentra liderando la agenda pública.
Argentina viene sufriendo una escalada de precios desde el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Al abandonar esta el poder en 2015, la inflación ya era un tema de preocupación para los argentinos. A partir del gobierno de Mauricio Macri del partido Pro de la coalición Cambiemos (hoy JxC), la inflación continuó acelerándose en sintonía con una constante devaluación.
En 2019, Alberto Fernández ocupó la presidencia en medio de una grave crisis macroeconómica con altos índices de inflación. El nuevo presidente del FdT no pudo contener el gasto público, en parte por los requerimientos de la pandemia, en parte porque la ineficiencia y la falta de ética llevaron a que el gobierno gaste mal o de más. En abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo Social compró toneladas de alimentos para comedores sociales con sobreprecio, en el último tramo de la campaña en curso el oficialismo gastó $ 7.200.000 en tan solo 5 encuestas para medir su performance electoral o el “plan platita”, que luego de la derrota en las internas, promovió que el gobierno inyecte $ 192.000 millones para provincias y municipios.
El déficit fiscal es un problema casi crónico en Argentina, y la impresión de la moneda suele ser la manera de sortear estos desajustes, generando inexorablemente inflación. Además, actualmente y como pasa con frecuencia, nos encontramos frente a un contexto de alta incertidumbre, que lleva a altas expectativas de inflación que a su vez decantan concretamente en un escenario de efectiva inflación (los empresarios aumentan sus precios queriendo adelantarse a la posible suba futura de sus costos de producción). Por otra parte, la devaluación de la moneda local converge en un tipo de inflación estructural, así, los insumos o productos importados aumentan mecánicamente y afectan el precio final de los bienes y servicios que se consumen internamente.
En Argentina, el valor del dólar oficial actual es $100,07 mientras que el del dólar paralelo es $199,50. Con el fin de poder evitar que la devaluación siga alentando más aún la suba de precios, el dólar oficial se encuentra anclado (desde marzo de 2021). Pero con dólar anclado y todo, llegado el mes de septiembre de 2021, la inflación ya se encuentra en 52,5%.
Este aumento de precios se manifiesta bajo una coyuntura, no solo de un dólar oficial anclado, sino también de tarifas públicas casi congeladas; servicios de luz, agua, gas no han sufrido prácticamente aumentos. Por otra parte, algunos precios fueron regulados en ciertas ramas y actividades como, por ejemplo, el sector de combustibles.
Al mismo tiempo, vale destacar que, después de años electorales en Argentina, regularmente ha devenido una devaluación. Luego de las elecciones legislativas de 2013, durante el gobierno de CFK, se devaluó la moneda local y la inflación escaló del 20% al 40%. En 2015, luego de que Macri ganó la elección presidencial, se devaluó nuevamente la moneda y la inflación también escaló del 25% al 40%. En 2017, luego de las elecciones legislativas, Macri volvió a devaluar y la inflación aumentó de 25% a 50%. Así, en época de elecciones, en Argentina, el dólar oficial se usa como ancla de precios, y después se corrige, se devalúa la moneda local.
Así las cosas, se espera que, luego de la elección legislativa —en un contexto donde el Banco Central no contará con las reservas necesarias para contener al dólar oficial, donde el FMI incluirá entre sus requerimientos de renegociación de deuda que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial se reduzca y con una suba de este último— la devaluación siga su curso y con esto que el problema inflacionario empeore. Si aumenta el precio del dólar, el precio “contenido” de los combustibles también dejará de contenerse debido a que este se encuentra atado al dólar oficial, lo mismo que los precios de los servicios públicos casi congelados.
Todo esto devela una crisis inflacionaria actual y futura de enorme envergadura en Argentina, que difícilmente pueda solucionarse con un coyuntural congelamiento de precios por el período de unos meses. Sin embargo, esta fue, hasta ahora, la medida tomada por el gobierno del FdT para poder, en lo inmediato, contener la inflación.
Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, luego de detectar que desde el 1 al 13 de octubre los precios habían escalado estrepitosamente (a modo de remarcaciones preventivas) comenzó a reunirse con empresarios fabricantes de alimentos, de productos de higiene y limpieza, con los supermercados y posteriormente con los industriales de medicamentos para imponer el congelamiento de precios, que deberá acatarse para un total de 1.432 productos por un período de 3 meses. El mismo Feletti reconoció que la inflación en Argentina no va a resolverse solo congelando precios hasta el 7 de enero de 2022, aunque señaló: “Sí sabemos que hay una oferta monopólica y en ese contexto hay que regular los consumos esenciales”.
Las elecciones pasarán, las negociaciones con el FMI continuarán —y las condiciones del organismo se harán escuchar más fuerte—, el dólar oficial atrasado aumentará, y la inflación, sin un plan integral estructural, continuará siendo un supertema para los ciudadanos que habitan suelo argentino.
Sandra Choroszczucha Politóloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Master en Historia Económica de la misma universidad. Columnista en medios argentinos como La Nación, Perfil, El Economista y Clarín entre otros. www.sandrach.com.ar
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