Las elecciones verdaderamente democráticas implican suficientes garantías en términos de igualdad de oportunidades, transparencia y pulcritud del sistema para escoger a las autoridades de un país. Solo así constituyen un componente esencial del sistema de gobierno cimentado en el respeto de la voluntad de las mayorías, sin desconocer a las minorías.
Y la democracia, valga recordarlo, no solo implica elecciones periódicas sino, además, estricto apego al Estado de Derecho y plena vigencia de los derechos humanos. Nada de eso existe en Venezuela y menos desde que el chavismo ascendió al poder en Venezuela hace más de 20 años.
El ideal de la democracia y el derecho de toda persona a participar en la elección de los gobernantes están claramente establecidos en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Específicamente, el tercer apartado de ese artículo, establece que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. Ello, a su vez, constituye una reafirmación del principio de la democracia representativa, en tanto condición esencial del ejercicio legítimo del poder.
El pueblo venezolano tiene derecho a unas elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional con suficientes garantías, en vez de la farsa promovida por quienes detentan el poder y, de manera inescrupulosa, pretenden perpetuarse en él.
La propuesta de elecciones se deriva, en primer lugar, de la anulación de los principales partidos políticos, a través de la designación a dedo de sus autoridades a conveniencia del oficialismo y el robo de sus símbolos. Por otra parte, la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución es una nueva manifestación del abuso de poder que caracteriza a la dictadura imperante en Venezuela. Son dos fallas de origen insalvables.
No tiene sentido convalidar la convocatoria a elecciones legislativas para el 6 de diciembre, porque son elecciones a la medida de la dictadura. Tanto así que el chavismo-madurismo gobernante es el que elabora la lista de candidatos.
Para elaborar unas elecciones a la medida de la dictadura, el CNE escogido arbitrariamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante una interpretación reiteradamente abusiva de la figura de la omisión legislativa, aumentó el número de diputados principales de 186 a 277, con lo cual se viola el artículo 186 de la Constitución.
Esta es una estrategia que corresponde a la llamada reingeniería de circuitos electorales, que ha sido utilizada en el pasado por el chavismo-madurismo para darle mayor valor al voto de los sectores de la población que se ufanan de controlar.
Los artificios de la dictadura para entubar las próximas elecciones legislativas tienen un precedente siniestro, literalmente hablando. No se debe olvidar aquel incendio registrado en marzo de 2020, en los galpones ubicados en Filas de Mariche, que destruyó gran parte de la maquinaria electoral. En ese el lugar no solamente se encontraban las maletas en las que se resguardaban y transportaban los equipos, pues allí también estaban las baterías de respaldo y los equipos de identificación biométrica o captahuellas.
Por cierto, la reposición de cada una de las máquinas cuesta aproximadamente 2.500 dólares. Este gasto habrá que explicárselo a la población y evaluar hasta qué punto es racional, útil y moral en medio de una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia por la COVID-19.
Otro desafuero es la inconstitucional reglamentación que hizo el nuevo CNE sobre un sistema electoral “indirecto” y “a mano alzada” para los tres diputados de representación indígena a la Asamblea Nacional. Con esta ocurrencia se viola el principio del voto directo y secreto establecido en la Constitución, el cual no admite excepción. Ahora, la votación de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional se hará no por votación directa de los ciudadanos de los pueblos indígenas, sino a través de unas “asambleas populares”. En la práctica es una “votación” indirecta, de segundo grado, que no tiene cabida en la Constitución.
Los pueblos y comunidades indígenas, históricamente preteridos, son más susceptibles de sucumbir ante las prácticas asistencialistas que, lejos de garantizar derechos, se administran como concesiones graciosas del gobierno.
Supongamos que la oposición venezolana participa en unas elecciones sin suficientes garantías… ¿Tendrá a su disposición un CNE y un TSJ que atienda eventuales impugnaciones de los resultados?
Las deficiencias de la administración de justicia, que incluye la justicia electoral, ha sido reiteradamente denunciada por los organismos internacionales de derechos humanos y, en particular, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Más allá de la decisión de las autoridades legítimas de 27 partidos políticos de oposición de no participar en las elecciones legislativas convocadas por el oficialismo para el próximo 6 de diciembre, también vale recordar que el fraude electoral es, precisamente, lo que ha permitido visibilizar el talante dictatorial del chavismo-madurismo.
No se trata de simple abstencionismo, sino de denunciar el fraude electoral promovido por la dictadura y luchar por la reivindicación del ejercicio pleno del derecho al sufragio.