La Constitución establece que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Pero pareciera que quienes deben velar porque se cumpla lo establecido en la carta magna son los primeros en violarla.
Estoy en total desacuerdo con el cese de funciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había instalado en el país dando cumplimiento al documento de acuerdo y entendimiento firmado entre las partes. La orden fue dada por el Estado en la vocería del canciller impregnada de un verbo encendido, con el que dio un ultimátum de 72 horas para que el equipo técnico abandone el país por ser «miembros del bufete de los golpistas».
Sin duda alguna que el Estado ha retomado el camino de la persecución contra ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos políticos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y encarcelamiento.
Es inaceptable que aún familiares y abogados de confianza desconozcan el lugar de detención de Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites, detenidos el 23 de enero y que configuran el delito de desaparición forzada de personas, una política pública por parte del Estado de violar sistemáticamente las garantías constitucionales, judiciales y derechos humanos a la que no escapan los activistas de derechos humanos, como es el caso reciente de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
La abogada fue detenida en el aeropuerto y la mantuvieron desaparecida más de 72 horas, fue privada de libertad sin que se haya permitido a sus abogados de confianza ejercer su defensa y después el fiscal reveló que la recluyeron en el Helicoide, cuna de las torturas del Sebin. Es la primera vez que una mujer activista por los derechos humanos es privada de libertad en nuestro país.
Exijo el cese de las violaciones graves de los derechos humanos y al sistema de justicia recuperar su autonomía, independencia y atribuciones establecidas en nuestra Constitución.