Al negar la existencia del Tren de Aragua, el régimen de Maduro definitivamente pareció aumentar su compromiso en el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, y ahora el presidente Gabriel Boric dice que “le corresponde a Venezuela entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo” y que huyeron a su país, donde por lo menos uno de los dos ya fue ubicado en círculos chavistas.
La gran paradoja es que cuando el canciller Yván Gil dijo el lunes 8 de abril que la banda criminal transnacional el Tren de Aragua “es una ficción creada por la mediática internacional” lo hizo en Cúcuta junto a su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo, y el propósito urgente de esa declaración probablemente no permitió calcular la reacción en Santiago.
Era la víspera de la más reciente visita del presidente Gustavo Petro a Caracas para reunirse con Maduro y del inicio del séptimo ciclo en la capital venezolana de las conversaciones de paz entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia, y el régimen venezolano parecía empeñado en la difícil tarea de despejar dudas.
Una semana antes, Noticias Caracol enfureció al chavismo con el documentado reportaje “La cacería de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y Chile”, en el que afirma que documentos secretos en su poder “revelan cómo la contrainteligencia militar venezolana lleva años actuando en Colombia en alianza con el ELN y grupos criminales venezolanos”, incluso para acceder a secretos de seguridad nacional en el país vecino.
El teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile por el Tren de Aragua; el capitán Ányelo Heredia, secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana, y el dirigente estudiantil Pablo Parada, blanco de un ataque reciente en Bogotá por criminales al servicio del régimen, han sido víctimas de esas operaciones.
El gobierno de Petro no ha respondido al planteamiento en el informe de la sección de investigación de Noticias Caracol acerca de si sabe que desde Colombia se desarrolló “este tipo de cacería de desertores y opositores de Maduro” o si la información que este recibió fue entregada por agencias de inteligencia colombiana.
En Chile, lo más claro hasta ahora es la vinculación de la banda criminal nacida en una cárcel venezolana -con tentáculos en ese país, Colombia, Perú y Bolivia- con el secuestro y asesinato de Ojeda en febrero. Esa operación alimenta la hipótesis de crimen político por encargo y ejecutado por elementos protegidos de una maquinaria nada ficticia, el tren de la muerte.
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