Siempre recuerdo los comportamientos y actos protestatarios que caracterizaban a los adherentes de la [zurda] siniestra cuando no ejercían el «poder de mando» en Venezuela. Según ellos, luchaban a favor de nuestras libertades fundamentales [consagradas en las constituciones nacionales de 1961 y 1999, inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 10-12-1948] que hoy, premeditada y alevosamente, ultrajan en funciones de arquetípico gobierno totalitario.
Me sobrevienen los discursos mediante los cuales exigían auditorías en pro de exigir «transparencia política-administrativa» en todas las instituciones que conformaban una ya extinta república. Igual evoco la todavía vigente «metodología de lucha asimétrica» [con piedras, bombas molotov, fondas]. Relegitimada en la actualidad, virtud a tantos y abominables acontecimientos políticos que padecemos, sin posibilidades de enfrentar al terrorismo doctrinal con pertrechos de guerra, mediante una rebelión restauradora.
Cierto que abundaban esos instrumentos de combate desigual entre jóvenes estudiantes y los «esbirros antimotines» de la IV República. En «tribulaciones de radio, televisión e Internet», hoy varios han admitido [desde el santuario del difunto pontifex maximus facho del totalitarismo venezolano, alias «Comandante Fetiche»] que, orgullosos, se encapuchaban porque eran «insurgentes» y estaban decididos a provocar una «alzamiento cívico-militar» para instaurar un «sistema revolucionario» que acabase con los estigmas de la democracia representativa: la corrupción, represión de las protestas, desigualdad social, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, persecución y crímenes políticos, injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, cárceles inhumanas, el hostigamiento y asfixia presupuestaria a las universidades autónomas, desapariciones, torturas, presos políticos, ataques a los medios de comunicación críticos, el malestar de la burocracia por la libertad de expresión y las inadmisibles partidas secretas presidenciales que socavaban las finanzas de la nación venezolana.
En el curso de la década de los años ochenta del siglo XX, en el Edificio Administrativo de la Universidad de los Andes, fui testigo cuando irrumpió un contestatario e iracundo grupo de personas: integrado por estudiantes, obreros, empleados y profesores solicitándole a las autoridades de nuestra alma mater que publicasen los «estados financieros» de la institución académica. Según ellos, el rector, los vicerrectores y el secretario cometían actos de corrupción al represar los presupuestos en bancos que les pagaban «millonarias comisiones».
Excepto los muy cuestionados protagonistas del suceso que experimentábamos, ninguno de nosotros desestimó esa legítima petición. En su defensa, las autoridades universitarias expresaron que «el carácter autonómico» les impedía hacer público los «estados financieros» de la casa de estudios superiores: lo cual era, indiscutiblemente, falso.
Empero, en la actualidad, el Banco Central de Venezuela está en manos de quienes [tras manipular y pervertir el Consejo Nacional Electoral, el TSJ, la Fiscalía General de la República] usurparon funciones de gobierno en nuestro país. Las mujelleras y miasmas al mando de las instituciones judiciales han blindado, por presuntos motivos de seguridad y defensa de la nación, el «secretismo administrativo». En todos los asuntos de interés para los ciudadanos, el totalitarismo como régimen de gobierno es un «agujero negro» que absorbe y desaparece todo susceptible a lograr plusvalía económica. Con billetardos de ilícitos orígenes, con los cuales pagan fuerzas armadas mercenarias, se mantienen en pie frente a quienes fuimos secuestrados ante la indiferencia de la Organización de Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud.
@jurescritor